La escena es terrible: George Floyd, un hombre afroamericano arrojado en el piso, con la rodilla de un policía blanco en el cuello, ahogándose visiblemente, mientras otros tres policías no hacen nada para rescatarlo. El desenlace: la muerte por asfixia.
Esas imágenes le han dado la vuelta al mundo y han provocado una explosión de furia en Estados Unidos. Hasta el momento de escribir estas líneas, más de un centenar de ciudades en el país vecino han registrado graves disturbios que han llevado a la movilización de la Guardia Nacional y la imposición de un toque de queda. No se había visto nada similar en alcance geográfico en más de medio siglo.
La brutalidad policiaca en contra de minorías raciales en Estados Unidos no es asunto nuevo. Las Panteras Negras surgieron a finales de los años sesenta como una respuesta al acoso continuo de la policía a la comunidad afroamericana en Oakland, California.
En 1992, la ciudad de Los Ángeles experimentó una semana de disturbios después de la sentencia absolutoria recibida por un grupo de policías blancos que habían molido a golpes a un hombre negro llamado Rodney King.
En 2014, la ciudad de Ferguson, en el estado de Misuri, fue el escenario de amplias protestas por la muerte a tiros de un hombre afroamericano desarmado, a manos de un policía blanco.
En 2019, de acuerdo al proyecto Mapping Police Violence, las diversas corporaciones policiales estadounidenses fueron responsables de la muerte de 1099 civiles. En ese total, se contaban 259 afroamericanos y 182 latinos. Asimismo, eso incluye a 114 civiles desarmados, de los cuales 28 eran afroamericanos y 20 eran latinos. Y entre los civiles que no portaban armas, nueve fueron muertos a golpes o por asfixia, tal como sucedió con Floyd.
Esas cifras nacionales esconden diferencias notables entre distintas corporaciones policiales. La policía metropolitana de San Luis, Misuri, por ejemplo, ha sido responsable de la muerte de 34 hombres negros entre 2013 y 2019. Eso equivale a una tasa de 7 por cada 100 mil hombres afroamericanos. En contraste, la tasa similar en la ciudad de Búfalo, Nueva York, fue de 1.5 por 100 mil hombres afroamericanos.
La situación es terrible, pero había ido mejorando gradualmente en años recientes. De acuerdo con la misma fuente citada en los párrafos previos, las agresiones letales de policías en contra de civiles desarmados se redujo casi a la mitad entre 2015 y 2019. Y en contra de civiles afroamericanos desarmados, disminuyeron en casi dos terceras partes.
Esa mejoría tiene como origen el activismo de movimientos como Black Lives Matter y las reformas que diversos departamentos de policía adoptaron después de las protestas de Ferguson. Pero también es resultado del uso intensivo de un instrumento de supervisión federal sobre las policías locales, conocido como consent decrees, en los años finales de la administración Obama.
Es necesario destacar un hecho: conocemos todos los datos previos porque, en un porcentaje elevado, la brutalidad policial se investiga en el país vecino. No a menudo lleva a sanciones penales, pero las sanciones administrativas o disciplinarias por parte de unidades de asuntos internos y comisiones de quejas policiales son comunes. Y, al menos, se documenta el fenómeno.
¿Y en México? Pues no tanto. Salvo excepciones, las unidades de asuntos internos o similares son una broma. La supervisión externa sobre las policías es básicamente inexistente. Los excesos y abusos de nuestras corporaciones policiales rara vez son investigados y sancionados.
Entonces, si nos interesa poner fin a la brutalidad policial, no estaría mal que empezáramos por casa.
