Ignoro si Genaro García Luna será declarado inocente o culpable en el juicio que se le sigue en Estados Unidos. De inicio, los momios juegan en su contra: según un reporte del Pew Research Center, los fiscales federales obtienen sentencias condenatorias en 83% de los casos que culminan con un juicio (solo 2% del total, ya que la inmensa mayoría se resuelve con acuerdos previos).
Pero si su condena depende de testimonios como el de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, tal vez pueda respirar más tranquilamente.
En su narración, Villarreal describió una relación intensa y duradera entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva, una de las figuras legendarias del narcotráfico sinaloense. Esta habría iniciado hacia 2001 y se habría prolongado casi hasta la muerte del capo en 2009.
Según la declaración jurada, García Luna habría tenido decenas de reuniones con Beltrán Leyva a lo largo de esos años y habría salido con millones de dólares de sobornos en cada una de ellas. Esos encuentros, de acuerdo con Villarreal, no ocurrían en su mayoría en terreno neutral, sino en una casa de seguridad del grupo criminal a la cual era trasladado el entonces jefe de la AFI en un vehículo de los narcotraficantes.
Pero de toda esa interacción de años, no queda un solo registro documental. Ni foto ni video ni grabación para tener un arma de chantaje en caso de que se pretendiera voltear García Luna. Al parecer, Arturo Beltrán grababa algunas de sus reuniones, pero nadie sabe dónde están. Tampoco está disponible alguna evidencia en algún dispositivo electrónico de las partes. Nada que pudiera servir de garantía de fidelidad del policía.
Incluso, según el testimonio, cuando se habría empezado a agriar la relación --al grado de que Beltrán Leyva ordenara secuestrar a García Luna-- no se generó material comprometedor en las entregas de sobornos que habrían seguido a ese hecho.
Para probar todo lo declarado, Villarreal no tiene hasta ahora más que su palabra. Y esa no es exactamente la mejor de las garantías: antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2012, fue brevemente testigo protegido de la PGR y, en esa calidad, trató de incriminar penalmente a varios generales del Ejército, incluyendo a Tomás Ángeles Dauahare, así como a periodistas de la revista Proceso. Está de más decir que esos casos se acabaron cayendo.
Pero, a pesar de la falta de evidencia material, asumamos que es cierto todo lo que dijo el Grande. En esas circunstancias, García Luna tendría que haber sabido que Villarreal sabía lo que dice saber y que, una vez extraditado a Estados Unidos, tendría un incentivo poderoso para delatarlo ante las autoridades del país vecino.
En esas circunstancias, el entonces secretario de seguridad pública tenía motivos para tratar de impedir su extradición. Y estaba en una situación inmejorable para lograrlo: entre su detención en 2010 y su extradición en 2012, Villarreal estuvo alojado en un penal federal. Es decir, estaba bajo control de la SSP, presidida por García Luna. Queda claro que no le pasó nada.
De nuevo, esto apenas empieza y probablemente se acumulará evidencia más contundente conforme avance el juicio. Sigo creyendo que García Luna acabará siendo declarado culpable. Pero no deja de ser un tanto perturbador que un caso de esta importancia dependa en lo fundamental de aseveraciones de psicópatas vueltos testigos colaboradores.