Hace un par de años, en este espacio, invitaba a mis lectores a imaginarse como dueños de un negocio. Algo no muy grande: una miscelánea, una fonda, un taller. Algo que no diera para hacerse rico, pero sí para tener una vida digna, siguiendo las reglas, cumpliendo obligaciones, pagando impuestos.
No suena como una mala vida. Parecería que eso pudiera ser suficiente para mantener una familia y llevar una existencia tranquila. Pero las cosas no son tan fáciles.
Resulta que hay otros impuestos, pagados ya no al Estado, sino a delincuentes. Y no son poco comunes: una de cada cuatro unidades económicas en el país fue víctima de al menos un delito en 2021, según datos de la recién publicada Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2022).
Alguien podría decir que eso es mejoría, que dos años antes la proporción era una de cada tres. Sí, pero resulta que esos datos se refieren al momento de la pandemia, cuando se alteró radicalmente la vida económica y social, cuando muchos negocios cerraron, redujeron sus horarios o mudaron parte de sus operaciones al espacio virtual.
Además, si el negocio de uno cayó en el porcentaje de unidades económicas que fueron blanco de delincuentes, es muy posible que la victimización haya sido reiterada. Las empresas en México sufrieron 2.9 millones de delitos en 2021, de acuerdo a datos de la ENVE. Eso significa que, en promedio, cada negocio victimizado enfrentó 2.4 delitos el año pasado. Y eso, valga la obviedad, es una media simple que esconde extremos: algunos negocios fueron atacados decenas de veces.
¿Y de qué delitos estamos hablando? En casi la mitad de los casos, se trató de algún tipo de robo. Puede ser un asalto, un robo hormiga, el robo de alguna mercancía en tránsito o el hurto de algún vehículo. En la mayoría, el hecho probablemente sucedió sin violencia. Pero en unos 40 mil eventos, el dueño o alguno de los empleados estuvo presente durante el delito y sufrió algún tipo de agresión física.
Y la cosa puede ser aún más peligrosa. Casi la cuarta parte de los delitos cometidos en contra de empresas en 2021 cayeron en la categoría de extorsión. Eso equivale a 829 mil intentos de extorsión, de los cuales 67,000 fueron delitos presenciales: extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso.
Todo esto significa costos. Y no menores: si un negocio fue víctima de algún delito en 2019, el asunto le significó una perdida directa de 41,379 pesos en promedio. Eso equivale a casi 3,500 pesos más de impuestos todos los meses.
Pero aun si un negocio se escapó de los delincuentes, el costo del delito lo alcanzó de todos modos. En promedio, un negocio en México desembolsó en 2021 casi 15,000 pesos en medidas preventivas: cerraduras, candados, rejas, bardas, alarmas, cámaras, vigilantes, dispositivos de GPS, etc.
Los costos del delito, por supuesto, crecen conforme aumenta el tamaño de su negocio. Para una empresa grande, los costos del delito, tanto directos como indirectos, serían 25 veces mayores que los que enfrenta un microempresario. Pero el crecimiento no es lineal: el brinco más significativo en términos relativos es cuando se pasa de micro a pequeña empresa (entre 10 y 50 empleados). En ese paso, los costos del delito para una unidad económica se multiplican más de cuatro veces.
Dicho de otro modo, si una empresa se atreve a crecer, se vuelve visible para los delincuentes. Y ahora esos otros impuestos —los que no se pagan al Estado, pero existen de cualquier modo— serán cuatro veces mayores. ¿Eso lo limitará? ¿Lo condenará a quedarse en la Mi de las MiPyMES? Probablemente
Y eso es una tragedia. Para los empresarios y para el país entero.