“Ya no hay espionaje político en México”. La frase es del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ha repetido varias veces desde que llegó al poder. Hace una semana, en plena mañanera, reiteró el mensaje: “Ya no hay ese espionaje político para nadie. Entonces, ya es otra función, es un Centro [Nacional de Inteligencia] que se encarga de la definición de estrategias y de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, pero no a la oposición política.”
Pues resulta que eso no es totalmente cierto. En un reportaje de primera plana, EL UNIVERSAL reveló los contenidos de cinco reportes del CNI, antes conocido como el CISEN, sobre el llamado Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA). Es de destacar que no hay duda sobre su autenticidad: fueron entregados por el propio CNI como resultado de una solicitud de acceso a la información.
¿Qué dicen los documentos? No sabemos del todo: la mayor parte del contenido está testado y la versión pública solo incluye generalidades sobre la organización y algunos de sus principales dirigentes. No hay, hasta donde se puede observar, evidencia de conductas ilegales por parte del CNI: a primera vista, los reportes parecen estar elaborados con una combinación de fuentes abiertas y seguimiento en campo.
Esto no es un Watergate mexicano, pero sí revela (o más bien confirma) varias cosas:
1. En abierta contradicción con lo afirmado por el presidente López Obrador, el actual gobierno federal utiliza al aparato de inteligencia para dar seguimiento a grupos y dirigentes de la oposición política.
2. El equipo gobernante no sabe qué hacer con el CNI. Por lo dicho por el presidente, la institución tiene algo que ver con temas de delincuencia organizada. A la vez, como revela el reportaje de EL UNIVERSAL, hace investigaciones de corte político y social. No hay mucha claridad en el mandato institucional.
3. No ha habido una reforma de fondo al aparato de inteligencia. El CISEN cambió de nombre y adscripción administrativa, pero la transformación allí se detuvo y las inercias se mantuvieron.
Esto tiene un corolario: no basta con que el presidente diga y repita que ya no hay espionaje político. Las agencias de inteligencia son instrumentos complejos que no cambian con mero voluntarismo. Una reforma significativa requeriría atender tres temas:
1. Un replanteamiento del mandato de las instituciones de la inteligencia, empezando por el CNI. Esto pasa por una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que defina con mucho mayor precisión que constituye una amenaza a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. También, como parte del mismo esfuerzo, sería importante distinguir con claridad la seguridad pública de la seguridad nacional.
2. Una profesionalización y especialización del personal de inteligencia, el cual debería de estar protegido por un estatuto de servicio civil de carrera. Eso le permitiría a los funcionarios que laboren en esas áreas resistir a las presiones políticas para investigar a opositores.
3. El fortalecimiento de los mecanismos de control interno y supervisión externa en las agencias de inteligencia. Esto crucialmente pasa por el Congreso (en particular por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional), pero también habría que pensar en crear una visitaduría o unidad de asuntos internos en el CNI que complemente los esfuerzos de contraloría que hace el OIC. Ese tipo de mecanismos podrían ser una barrera adicional al uso político de las instituciones de inteligencia.
En resumen, cambiaron las formas, pero no el fondo. Por más que diga lo contrario el presidente, el aparato de inteligencia sigue haciendo seguimiento a actores políticos que operan dentro de la legalidad. Eso tiene que cambiar.
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