El año pasado, a media pandemia y mientras Estados Unidos ardía en protestas en contra de la brutalidad policial, un grupo de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, detuvo a un joven albañil llamado Giovanni López. No volvió a ser visto con vida. Pasó una noche en los separos de la comandancia municipal y al día siguiente, murió mientras se le trasladaba al área médica. Según la primera autopsia, el cuerpo presentaba lesiones provocadas por objetos contundentes.
Ahora, casi un año después, nos sorprende un caso similar, con el agravante de violencia de género. En Tulum, Quintana Roo, una mujer murió luego de ser arrojada al piso y sometida por cuatro policías municipales. Los análisis forenses no se han completado, pero la evidencia parece indicar que la mujer fue asfixiada por los policías.
Como narraba el año pasado, luego de la muerte de Giovanni López, estas muestras de brutalidad policial no son poco frecuentes. Va una lista no exhaustiva de casos recientes:
1. En enero de 2020, un hombre murió a golpes en instalaciones de la policía municipal de Ecatepec, luego de haber tenido un altercado con agentes de esa corporación.
2. En mayo de 2019, tres policías de El Carmen, Nuevo León, presuntamente asesinaron a un individuo que se encontraba en una celda de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
3. En abril de 2019, cinco policías de la ciudad de Chihuahua fueron detenidos por el presunto asesinato por asfixia de una persona retenida en los separos de la corporación municipal.
4. En agosto de 2017, un hombre murió por razones desconocidas dentro de la comandancia de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, menos de 24 horas después de haber sido detenido por presuntamente “escandalizar en estado de ebriedad”.
Esta es solo una de las múltiples manifestaciones de abuso cometidas por personal policial, militar y ministerial en México. La tortura es un fenómeno sistémico en muchas instituciones de seguridad y justicia. La desaparición forzada sucede con relativa frecuencia. Y las ejecuciones a manos de policías o militares son mucho más comunes de lo que suponemos.
¿Por qué persisten esas prácticas en tantas instituciones? No hay una causa única, pero consideren los siguientes factores:
1. Salvo excepciones, la formación y capacitación del personal en la mayoría de las corporaciones es corta y deficiente, particularmente en lo referente al uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.
2. Las pobres condiciones laborales en la mayoría de las corporaciones son un detonador de violencia e indisciplina. Un policía que tiene turnos de 24 horas, recibe un sueldo mensual de menos 10,000 pesos al mes y es objeto de maltrato continuo dentro de la institución no está en las mejores condiciones para tomar decisiones apegadas a protocolo.
3. Los controles internos en la mayoría de las instituciones de seguridad y justicia son débiles en el mejor de los casos. Las unidades de asuntos internos y las comisiones de honor y justicia son inoperantes, cuando existen. Y de los mecanismos de supervisión externa, ni hablamos. El número de corporaciones con algún tipo de auditor policial o comisión de quejas se cuentan con los dedos de una mano.
En resumen, tenemos en las policías y las fiscalías un coctel explosivo de pobre formación, maltrato continuo e impunidad sistemática. Eso lleva casi inevitablemente a tragedias como la de Tulum.
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