1. Desde el momento de su detención, tuve dudas sobre la acusación en contra del general Salvador Cienfuegos y así lo manifesté en esta columna. Como mínimo, parece sorprendente que un militar de altísimo rango, en el ápice de una larga y exitosa carrera, a menos de tres años del retiro y sin penurias en el horizonte, hubiese decidido recibir sobornos de un narco de tercera. Nada de lo que ha surgido sobre el caso hasta ahora me ha hecho cambiar de opinión.
2. El gobierno de México gastó una cantidad enorme de capital político para lograr la repatriación de Cienfuegos. Había por tanto que cuidar la inversión. Eso requería una investigación impecable por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). O al menos una que dejase poco espacio a las acusaciones de politización de la justicia. En esa tarea, la FGR fracasó categóricamente.
3. Con alta probabilidad, los documentos enviados por la DEA, detallando las conversaciones entre presuntos narcotraficantes, no son evidencia suficiente para judicializar una carpeta de investigación en México. Pero generan dudas que, como mínimo, ameritan un esfuerzo de investigación. En específico, ¿por qué el llamado H2 creía que le estaba dando sobornos al titular de la SEDENA? ¿Porque se lo dijo su cómplice? ¿Porque vio un mensaje de alguien qué se identificaba como “Zepeda”? Es decir, ¿pagó millones de pesos en sobornos durante varios años y nunca trató de verificar que estos estuviesen llegando a su presunto destinatario?
4. Responder a ese tipo de preguntas hubiese requerido ampliar la investigación: solicitar el acceso a los testigos cooperantes mencionados por la DEA, interrogar a antiguos colaboradores del General Cienfuegos, revisar la información acumulada por las agencias de inteligencia sobre la connivencia entre autoridades y delincuencia organizada en Nayarit, etc. Al parecer, nada de eso se hizo.
5. De lo poco que se puede leer en la versión pública de la carpeta de investigación (testada hasta la ininteligibilidad), se infiere que la FGR solo hizo una compulsa entre el expediente de la DEA y otras fuentes documentales, a la par de una investigación patrimonial de profundidad desconocida. Al encontrar contradicciones de modo, tiempo y lugar entre los dichos de los narcotraficantes y las otras fuentes documentales, la FGR decidió que no había nada más que investigar.
6. Todo esto lleva a una conclusión obvia: el desenlace de la investigación estuvo determinado por consideraciones políticas, no jurídicas. Eso en sí mismo es fuente de fricción con Estados Unidos, máxime cuando sucede a unos días de la transición de la presidencia en ese país y parece bola rápida. Pero lo sucedido después, en un intento fallido de trasladar la responsabilidad política por la exoneración a las autoridades estadounidenses, empeora seriamente la situación.
7. Al hacer público un expediente confidencial facilitado por una agencia extranjera, el gobierno de México decidió darse un balazo en el pie. Va a dificultar -o incluso cancelar- el intercambio de información sensible entre Estados Unidos y México, y no solo en temas de narcotráfico. Las investigaciones sobre corrupción pueden verse afectadas, por ejemplo. Incluso, los flujos de información de terceros países pueden interrumpirse ¿Qué gobierno va a querer compartir datos sensibles con México si el respeto a la confidencialidad depende del humor del presidente en la mañanera?
En resumen, el gobierno logró lo que quería: darle carpetazo rápido al caso Cienfuegos y conjurar un posible conflicto con el Ejército, a costa de generar una disputa de pronóstico reservado con Estados Unidos. A ver si no se arrepienten de su decisión.
