No hay alternativa. No hay otro camino. Es la Guardia Nacional o el apocalipsis. Los militares en funciones de policía o la destrucción de la patria. Es esto o la nada sangrienta.
Esa ha sido la retórica de este gobierno y de los anteriores. Es la lógica de la inevitabilidad. Es la narrativa de lo inmenso: el problema de seguridad es tan grande y las carencias de nuestras instituciones son tan graves que no queda más que apelar a recursos extraordinarios y métodos de excepción.
Esa argumentación es falsa. No enfrentamos una amenaza interplanetaria o un cataclismo natural. Tenemos mucho delito y mucha violencia porque tenemos mucha impunidad. Y tenemos mucha impunidad porque muy pocos delitos se denuncian. Y los pocos que se denuncian, no se investigan. Y los pocos que se investigan, no terminan en una resolución justa y expedita.
Pero esos son problemas de diseño que tienen solución. Es posible, con algunos cambios constitucionales y legales, que el sistema empiece a funcionar con otra lógica y otros incentivos.
Ese es el gran mérito de la propuesta de seguridad y justicia presentada ayer por Movimiento Ciudadano. Busca alterar las reglas de operación del sistema y no solo remozar sus piezas. Su énfasis está puesto en el software, más que en el hardware.
Tiene cinco grandes componentes.
Primero, la profesionalización de la policía: garantizar que todos los policías del país tengan una remuneración digna mediante el establecimiento de un salario policial homologado. Más importante, asegurar que haya una carrera policial en la cual la remuneración dependa del mérito y el desempeño, no de la posición en la jerarquía policial. En paralelo, la creación de una Academia Nacional de Mando para contar con un cuerpo profesional de líderes policiales. Y financiar todo lo anterior mediante cambios a la Ley de Coordinación Fiscal.
Segundo, la investigación del delito: facilitar radicalmente la denuncia, eliminar los requisitos formales para iniciar una investigación y permitir que todas las policías del país puedan investigar delitos, sin el mando y conducción del Ministerio Público. Este pasaría a ser el asesor jurídico de la investigación, no el investigador.
Tercero, una justicia pronta y expedita: el sistema pasaría a ser verdaderamente acusatorio. No podría empezar un proceso penal sin una acusación formal. No más prisión preventiva oficiosa. No más detener para investigar. Los detenidos puestos a disposición del juez, no del MP. Las medidas alternativas solo con supervisión judicial. Juicios pensados para durar días o semanas, no meses o años.
Cuarto, una reorganización del aparato federal: el gobierno federal se concentraría en atender delitos complejos, más con investigación que con presencia. Se establecería un Servicio Federal de Investigación Criminal, en el modelo del FBI. La Guardia Nacional persistiría, pero solo para atender alteraciones graves del orden público. La Secretaría de Seguridad se convertiría en la Secretaría de Justicia, la cual asumiría las funciones de la FGR y contaría con un grupo autónomo de fiscales de circuito.
Quinto, la prevención focalizada del delito: la justicia cívica se convertiría en el foco de un sistema de prevención del delito. Allí se concentraría la atención a faltas administrativas, delitos culposos y no graves. Y desde allí se proveerían servicios sociales diversos. El sistema además serviría para identificar carreras criminales emergentes y detenerlas en sus fases tempranas.
Esta propuesta, como todas, es mejorable y discutible. Algunas cosas gustarán y otras no. Pero no se puede decir, como dice el gobierno, que no hay alternativa. Aquí hay una: ojalá reciba la atención que merece.
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