El país vive una emergencia en materia de seguridad. O al menos eso opina el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
El 28 de mayo, en una visita a Michoacán, declaró lo siguiente: “Vivimos una emergencia que no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones en materia de seguridad”.
El 30 de junio señaló que, en administraciones anteriores, “se dejó avanzar la inseguridad a niveles de emergencia nacional”. Y regresó al tema hace tres días, al afirmar que “vivimos una etapa de emergencia nacional”.
Si ese es el diagnóstico oficial, si la situación es de emergencia, uno supondría que se harían esfuerzos denodados para que los recursos públicos llegaran con premura a las instituciones de seguridad y justicia.
Uno se equivocaría, al menos en lo que respecta a los recursos para los estados.
En el anexo estadístico del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incluye una tabla titulada Financiamiento conjunto para los Programas de Seguridad Pública (p. 16-18 del anexo). Allí se detalla el destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), más los recursos estatales de contrapartida (es decir, lo que los gobiernos estatales ponen para recibir recursos de ese fondo). Se incluye información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de 2006 a la fecha.
Según la tabla, en 2019 se presupuestaron 9.4 miles de millones de pesos, un monto similar en términos reales al de 2018. Pero resulta que, al 30 de junio, sólo se habían erogado 665 millones de pesos. Es decir, 7% del total.
Y si uno se va a rubros específicos, el rezago es aún más notable. Para el programa denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, usado para financiar cosas como las unidades especializadas de combate al secuestro, se presupuestaron 425 millones de pesos, pero se habían erogado solo 6.7 millones de pesos en los primeros seis meses del año.
En el rubro nombrado “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” —algo que parecería importante para atender el problema del homicidio y de la desaparición de personas— se habían gastado al 30 de junio solo 11 de los 601 millones de pesos de presupuesto aprobado.
El peor caso es del programa llamado “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”: allí solo se había gastado uno de los 589 millones de pesos de presupuesto. Es decir, 0.17% del total.
Este tipo de retraso no es inusual. El grueso de los recursos del FASP se eroga siempre en la segunda mitad del año. Sin embargo, la ejecución del gasto ha sido peculiarmente lenta en 2019: en el sexenio anterior, aproximadamente 10% del total se gastaba antes de la mitad del año.
El rezago se explica por muchas razones, desde la inexperiencia de los nuevos funcionarios hasta el cambio de reglas de operación, pasando por los controles establecidos por la Secretaría de Hacienda.
Pero, cualquiera que sea la causa o combinación de causas, no deja de sorprender que un gobierno que afirma enfrentar una situación de emergencia se tome con tremenda parsimonia el ejercicio del gasto. Hay un desfase brutal entre la retórica y la acción.
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