Si algo se le puede reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador es su persistencia. A pesar de que su mayoría legislativa queda seriamente disminuida a partir de hoy, anunció que va por todas las canicas y pretende lograr la aprobación de una serie de reformas mayúsculas a la Constitución.
Entre otras cosas, quiere lo que no obtuvo en 2019: la adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena. Y, de refilón, probablemente busque la extensión del periodo —establecido en un artículo transitorio de la reforma constitucional de hace dos años— en el que se permite la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Para la oposición no va a ser difícil ponerle freno a esa propuesta. Basta con recuperar los argumentos desplegados en el debate legislativo de 2019. Si se añade el creciente recelo que provoca el uso de los militares en proyectos del régimen entre el electorado opositor, parece complejo que el gobierno pueda construir una mayoría suficiente para una reforma constitucional.
Pero poner muro a propuestas de Palacio Nacional no puede ser la agenda completa del Congreso. El proyecto del presidente ya no tiene mucho kilometraje. Es hora de empezar a construir una agenda distinta. Y no hay mejor lugar que el Congreso para emprender esa tarea.
¿Cuál sería la naturaleza de ese proyecto alternativo? ¿Qué componentes tendría? Eso da para muchas columnas, pero van algunas ideas:
1. Revisar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de de la Armada de México, para acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempo de paz.
2. Modificar la Ley de la Guardia Nacional para clarificar el concepto de “separación funcional” y evitar que esa corporación siga viviendo de personal prestado por la Sedena y la Semar.
3. Formalizar un compromiso de que no se ampliará el periodo establecido para la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
4. Promover la creación de una agencia policial federal, construida sobre las áreas técnicas de la Policía Federal (las divisiones de investigación, inteligencia, científica y antinarcóticos).
5. Proponer la creación de un Servicio Nacional de Policía que mutualice algunas funciones administrativas de todas las corporaciones policiales del país (reclutamiento, formación, certificación), pero mantenga el control operativo en el espacio local.
6. Transformar los fondos de aportaciones y subsidios para la seguridad: restablecer el Fortaseg, ampliar el FASP y modificar las reglas del Fortamun (para incrementar el porcentaje de ese fondo dedicado a seguridad).
7. Establecer un compromiso de incremento gradual en el presupuesto a instituciones de seguridad y justicia, hasta alcanzar el nivel promedio de la OCDE (1.7% del PIB).
8. Promover reformas tributarias (particularmente en impuesto predial) para crear mecanismo de financiamiento estable y permanente de las policías locales.
9. Promover la creación de mecanismos de supervisión civil sobre las policías, ubicadas fuera de la corporación, y el fortalecimiento de unidades de asuntos internos.
10. Revisar el rol del Ministerio Público en el sistema de justicia penal y, en particular, quitarle el mando y conducción de la investigación criminal (esa debe ser función de las policías).
Estas no son más que algunas ideas sueltas. Casi todas resultan inviables dada la actual distribución de poder en el Congreso. Pero simplemente ponerlas en la mesa, junto a muchas otras ideas similares que circulan en la academia o las organizaciones sociales, podría cambiar los términos de la discusión pública. Por lo menos, se podría empezar a imaginar un futuro distinto.
