A finales de la semana, nos enteramos, en voz de Carlos Loret de Mola , de la vulneración de las defensas cibernéticas del Estado mexicano.
Un grupo de hackers , autodenominado Guacamaya, penetró los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes (TB) de información. Para poner ese dato en contexto, según información del portal Dropbox, un TB equivale a 250 mil fotos o 500 horas de video en alta definición o 6.5 millones de páginas de documentos. En el mundo físico, se requerirían 1,300 archiveros de tamaño estándar para guardar esa información. Ahora multipliquen lo anterior por seis.
Ante esa filtración monumental, la reacción del gobierno fue igualmente ornitológica: como el avestruz, decidió esconder la cabeza. El presidente se burló del asunto, puso un video de Chico Ché y afirmó que lo dado a conocer “es de dominio público ”. Hasta el domingo en la tarde, la Sedena no había emitido ningún posicionamiento sobre el particular.
Es difícil saber si hay preocupación detrás de la actitud condescendiente del gobierno. Si no la hay, tal vez debería de haberla. Por varias razones:
1. En una extracción de este tamaño, es difícil dimensionar en un plazo corto el alcance de la vulneración. Según una nota publicada ayer en el diario El País, habría 4.1 millones de correos electrónicos entre la información robada a la Sedena. Dudo que, a estas alturas, las autoridades tengan algún tipo de claridad sobre los contenidos de esos correos. Ni, mucho menos, del resto de los documentos filtrados. En esas circunstancias, el optimismo no es tal vez la mejor política.
2. Por lo que se sabe hasta ahora, se vulneraron los datos personales (empezando por sus direcciones de correo electrónico) de miles de integrantes de la Sedena (algunos de alto rango), así como funcionarios de otras dependencias, empleados de empresas privadas y (tal vez) personal diplomático extranjero. Ya solo por eso, el asunto es grave.
3. Es posible que, entre los documentos extraídos , se encuentre información altamente sensible, de seguridad nacional , que no es ni debe ser del dominio público. Por ejemplo, planos y protocolos de vigilancia en infraestructuras críticas; despliegue y rotación de personal a nivel de base y cuartel; ubicación e inventario de almacenes de armas, etc. Ojalá no esté esa información, pero no se puede descartar.
4. Tras la revelación del hacking, quedan severamente comprometidas las capacidades de inteligencia de la Sedena, incluyendo a la Guardia Nacional. Por una parte, pueden haber quedado al descubierto sus métodos de recolección de información, básicamente tirando a la basura varios millones de dólares de inversión en tecnología. Asimismo, la relación con cualquier informante que tenga la inteligencia militar queda seriamente lastimada, aunque esos nombres no estén entre la información robada (los informantes no lo saben). Igualmente, el intercambio de información con agencias extranjeras va a dificultarse ante temores fundados de que los sistemas de Sedena no son seguros.
5. El gobierno acaba de perder el control de la agenda informativa por meses, sino es que por el remanente del sexenio. No saben cómo va a venir el flujo de información hacia delante ni qué notas van a brincar de manera casi cotidiana. Pero probablemente sepan que muchas no van a pintar en tonos favorables ni a la Sedena ni al gobierno en su conjunto. Peor aún, conforme surjan más notas de prensa, va a caer un alud de solicitudes de acceso a la información . Y el proceso se va a alimentar a sí mismo.
En conclusión, espero que las risitas sean solo fachada. Se le viene al gobierno un problema monumental.
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