El sábado, a plena luz del día, un grupo armado se paseó por Reynosa, dejando a su paso un reguero de cadáveres.
Los sicarios arrancaron en la colonia Bienestar, un barrio céntrico de Reynosa, donde, según un reporte aparecido en EL UNIVERSAL, “asesinaron a una familia de tres personas para despojarla de una camioneta Nissan y asesinaron al propietario de una tienda y a un cliente del establecimiento”.
Luego se fueron a la colonia Almaguer, ubicada a poco más de un kilómetro del sitio del primer atentado. Allí ejecutaron a otras seis personas e hirieron a dos más. Luego continuaron la masacre en la colonia Unidad Obrera, dejando al menos dos víctimas mortales más.
Al cabo de la matanza, el comando trató de huir hacia Río Bravo. En el camino, parecen haberse topado con elementos de la Policía estatal y, según el parte oficial, esto derivó en la detención de una persona que llevaba en la cajuela de un automóvil a dos mujeres presuntamente secuestradas. Asimismo, se aseguraron tres camionetas y un arma larga. No se han dado hasta ahora más detalles sobre otras detenciones o incautaciones.
Todo esto sucedió, valga la aclaración, a menos de tres kilómetros de la sede de la 8va zona militar, a 10 minutos del complejo de seguridad de la policía estatal y a siete minutos de uno de los puentes internacionales que unen a Reynosa con McAllen, Texas.
Eso lleva a varias preguntas obvias: ¿por qué no hubo una reacción de las autoridades federales y estatales luego del primer atentado? Y si la hubo, ¿por qué no lograron prevenir al menos dos atentados adicionales en un radio de menos de tres kilómetros? Un convoy de varias camionetas con muchos hombres armados no es algo que pase desapercibido en una zona urbana densamente poblada.
Y está, por supuesto, el asunto de la fuga: luego de tres ataques, con un operativo en curso, con personal desplegado en toda la ciudad, ¿cómo es posible que solo una persona haya sido detenida? ¿Qué sucedió con todos los demás miembros del grupo armado?
La respuesta a estas preguntas es tristemente obvia: este tipo de hechos no puede suceder en ausencia de una red de protección a los delincuentes. Los asesinos probablemente sabían de antemano que iban a poder moverse en Reynosa sin mayor impedimento. No temían la reacción de las autoridades. No intentaron huir luego del primer ataque, sino que fueron por el segundo blanco y luego por el tercero.
Esta masacre ocurrió porque hubo connivencia de diversas autoridades con los asesinos ¿Hasta dónde llegan las complicidades? Lo ignoro, pero las investigaciones tendrían que involucrar a todos los funcionarios estatales y federales que pudieron haber reaccionado y no lo hicieron.
Los hechos de Reynosa son un potente recordatorio del déficit de rendición de cuentas de nuestro sistema de seguridad y justicia. No existen mecanismos robustos para que haya consecuencias por lo que se hace y lo que se deja de hacer. Las corporaciones que cuentan con unidades de asuntos internos medianamente funcionales se cuentan con los dedos de una mano. Las que cuentan con mecanismos de fiscalización civil externa son aún más escasas. La supervisión legislativa sobre las policías, las fiscalías o las Fuerzas Armadas es estructuralmente débil. El control judicial es incipiente, en el mejor de los casos. En esas circunstancias, no hay condiciones para contener los abusos y la corrupción que permean en las instituciones de seguridad y justicia.
Mientras no se atienda ese problema y seguimos durmiendo con el enemigo, no va a haber manera de contener la violencia. Los criminales matan porque pueden y pueden porque nadie intenta detenerlos.