La semana pasada, Campo Marte, un blog dedicado a asuntos militares y que habitualmente tiene buena información sobre las Fuerzas Armadas, reveló el contenido de una comunicación interna de la Sedena (https://bit.ly/2SM8FYM).
El blog señala que “desde el pasado 6 de octubre, la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo la coordinación operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que todavía encabeza Alfonso Durazo Montaño, y pasó a depender plenamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)…No solo eso; se ha ordenado que desde esa fecha la coordinación operativa de la corporación depende de los comandantes de las 12 Regiones Militares del país, aunque la medida dada a conocer a todos los mandos territoriales indica que las Coordinaciones Regionales y las Coordinaciones Estatales de la GN seguirán bajo el mando de la Guardia Nacional.”
Asimismo, destaca que “el radiograma de la Sedena que informa a sus mandos territoriales sobre estos cambios hace referencia a otro mensaje (F.C.A. No. 28880), de 22 de marzo de 2020, en el sentido de que las unidades de la GN deberán informar sus novedades por conducto de los Comandantes de Región Militar”.
Puesto que, hasta ahora, no ha habido un desmentido de la Sedena, la SSPC o la propia GN, es de suponer que la información es fidedigna.
Esto confirma algo que se ha dicho en esta columna en repetidas ocasiones: la GN es, para todo fin práctico, una extensión de las Fuerzas Armadas en otra dependencia. No sorprende por tanto la comunicación filtrada por Campo Marte.
Sin embargo, no deja de ser problemática esta nueva vuelta de tuerca en el control militar sobre la GN:
1. Esto no fue lo que aprobó el Congreso de la Unión. En la reforma constitucional de 2019, se estableció clara y explícitamente que la GN tendría mando civil, a cargo de la SSPC. Eso, bajo cualquier definición razonable del término, implica el control operativo de la corporación. Meter por la puerta de atrás la autoridad de la Sedena en la GN es, en el mejor de los casos, un engaño a los legisladores y a la opinión pública.
2. Con esto, se cruzan todavía más las líneas de responsabilidad. Ante un incidente grave que involucre a la GN (otro Culiacanazo, por ejemplo), ¿quién se haría cargo de las consecuencias? ¿La dependencia que tiene la autoridad legal o la que tiene el control operativo? Como mínimo, se generaría confusión. Como máximo, se abriría la puerta para que todo mundo eludiera su responsabilidad.
3. Se dificulta el control administrativo de la corporación. Una dependencia estaría manejando los recursos humanos y materiales de otra dependencia. Eso abre la puerta a la opacidad, dificulta la supervisión por parte de los órganos internos de control y crea espacio para la corrupción. Eso sin contar los posibles problemas disciplinarios que puedan surgir en una situación donde hay dos jefes y dos jerarquías.
Esta situación acentúa las anomalías institucionales y administrativas de la GN. Es un ente adscrito legalmente a una dependencia, controlado operativamente por otra y donde el grueso del personal no tiene plaza en la propia corporación. Esas contradicciones le van a acabar estallando en la cara al país.
Insisto: esta no es manera de construir una institución sólida y duradera.
PD: después de publicar mi columna del pasado viernes, el INEGI me informó que la edición 2020 de la ENVIPE y la ENVE se publicarán en diciembre. Es una magnífica noticia. Felicidades a la institución por seguir haciendo su trabajo en condiciones tan difíciles como las de este año.
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