Hace tres días, el estado de Zacatecas fue escenario de un hecho atroz. En el municipio de Calera, a 25 kilómetros al norte de la capital, se produjo un enfrentamiento entre un grupo de hombres armados y la policía del estado. El resultado: 14 civiles muertos y tres policías heridos.
Esto no parece ser un hecho aislado. La semana pasada, del lado potosino de la frontera entre San Luis Potosí y Zacatecas, fueron encontrados 13 cadáveres a la vera de una carretera. Horas antes, otros seis cuerpos sin vida habían sido hallados en otra comunidad que hace frontera entre los dos estados. Y en junio pasado, una escena similar, con 14 cadáveres en esa ocasión, se produjo en una carretera cercana a Fresnillo.
Además de masacres, se han sucedido diversos atentados selectivos. Hace tres semanas, unos pistoleros asesinaron al jefe y el subdirector de la policía de Juan Aldama, un municipio rural ubicado a 200 kilómetros de la capital. Apenas el domingo pasado, dos policías estatales fueron asesinados en un bar del municipio de Guadalupe. En el mismo incidente, salió herido un policía de investigación.
Esta oleada de violencia ya se refleja en los números. Entre enero y agosto, se acumularon 753 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en Zacatecas. Eso implica un crecimiento de 89% con respecto al mismo periodo del año pasado. Si se mantiene esta tendencia, el estado cerraría el año con una tasa de homicidio de 77 por 100 mil habitantes, convirtiéndose en una de las cinco entidades federativas más violentas del país.
¿Qué hay detrás de este festival de sangre? Mi colega Carlos Matienzo, en un artículo publicado hace unos días en Excélsior, especulaba sobre la irrupción del Cártel de Jalisco Nueva Generación en un estado previamente controlado por el Cártel de Sinaloa. El nodo de la disputa sería el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.
Es posible, sin duda, que esa haya sido la mecha que prendió el incendio de estos meses. Pero, a la par de ese fenómeno coyuntural, hay un componente estructural que vale la pena explorar.
Zacatecas tiene una población de 1.6 millones de habitantes, distribuidos en 75 mil kilómetros cuadrados. Eso la convierte en la séptima entidad federativa con menor densidad poblacional. Solo tiene tres municipios con más de 100 mil habitantes (Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe).
Se trata de un estado de espacios abiertos y pequeñas poblaciones, donde la policía es terriblemente escasa. De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, Zacatecas tenía el año pasado 2,154 policías estatales. Contaba además con 1,297 elementos de las corporaciones municipales. El grueso de ese personal está, además, desplegado en los principales centros urbanos.
En ese vacío, la Guardia Nacional algo ayuda, pero no tanto. Hasta el mes pasado, tenía desplegados a 2,054 elementos en el estado. Pero al igual que las corporaciones estatales y municipales, sus integrantes están fundamentalmente en zonas urbanas. En los municipios rurales solo hay presencia del Ejército (si acaso)
A esta ausencia, se añade una ineficacia feroz de las autoridades de procuración de justicia. De acuerdo a la organización Impunidad Cero, la impunidad en materia de homicidio en Zacatecas era 91% en 2018, por arriba de la tasa nacional. Como en demasiados estados, matar sale barato en tierras zacatecanas.
En esas circunstancias, no sorprende que grupos armados irregulares se placeen y cometan atrocidades sin mayor obstáculo.
Esto preocupa por Zacatecas, pero también porque es un microcosmos de México. Es una muestra de que somos un país con más territorio que Estado. Y que hacemos muy poco para corregirlo.
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