Según el último informe de seguridad presentado en la mañanera, la Guardia Nacional cuenta con algo más de 128 mil integrantes, de los cuales 106 mil constituyen su fuerza operativa y algo más de 94 mil están efectivamente desplegados en el territorio.
A esto hay que sumar casi 90 mil elementos de la fuerza armada permanente (el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina) que realizan tareas de seguridad pública, de acuerdo a información de Sedena y Semar.
Dicho de otro modo, se ha desplegado en esta administración entre tres y cuatro veces más personal federal que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eso de la mano de un incremento notable del presupuesto para la propia GN y las secretarías militares, así como la dotación de una cantidad no trivial de infraestructura (266 cuarteles de la GN, por ejemplo) y equipo.
¿Y qué se ha logrado con todo eso? En la lectura más generosa de las cifras disponibles, una reducción de 5 a 8% en el número de homicidios con respecto a 2018, una disminución de 15% en la incidencia delictiva medida con encuestas de victimización entre 2018 y 2021 (es decir, incluyendo dos años de pandemia) y una mejoría de cinco puntos porcentuales en la percepción de inseguridad a nivel de municipio o demarcación territorial entre 2018 y 2022.
Todo eso asume además que esos resultados menos que espectaculares son consecuencia del incremento del despliegue federal, algo que claramente no está probado.
En consecuencia, habría que empezar a decir las cosas por su nombre. Si se requiere cuadruplicar el personal federal desplegado en el territorio para obtener en cuatro años una reducción de un digito en el número de homicidios, estamos en un problema serio. Si se requiere el despliegue de 190 mil soldados, marinos y guardias nacionales para que la percepción de inseguridad pase de 70 a 65%, estamos en un problema serio.
Y el problema es además sencillo: no hay más recursos. El gobierno federal ya puso todo lo que tenía en la apuesta militar: no hay más soldados, no hay más marinos y no va a haber más en el corto o mediano plazo. Tal vez todavía muestren algún incremento en el personal teóricamente asignado a la Guardia Nacional, hasta llegar tal vez a 140 o 150 mil elementos. Pero hasta allí: el pozo se secó.
Seguimos además sin resolver ninguno de los problemas estructurales del sistema de seguridad y justicia. Pocos delitos se denuncian, los que se denuncian no se investigan y los que se investigan no se procesan de manera justa y expedita.
Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cerramos la Guardia Nacional? No, pero sí es indispensable un rediseño significativo. En primer lugar, hay que garantizar su condición de institución policial civil. Eso significa echar para atrás la reforma (inconstitucional) aprobada hace tres meses y consolidar a la GN como organismo de la Secretaría de Seguridad. Creo que también ya es necesario decir que, además de ser ilegal, no sirve de nada tenerla bajo el mando de la Sedena.
Pero ese movimiento administrativo tendría que ir acompañado de otras medidas. Primero, habría que redesplegarla hacia zonas con baja presencia policial ―zonas rurales y pequeñas poblaciones― y concentrarla en tareas muy específicas: seguridad en caminos y carreteras, vigilancia portuaria y aeroportuaria, protección de infraestructura crítica e intervención en casos de alteración grave del orden público (donde se tenga que invocar el artículo 29 constitucional). Hasta allí. Y eso probablemente implique una reducción significativa de su tamaño.
Para lo realmente importante, hay otra agenda (bit.ly/3Wi8piM). Pero primero hay que decir lo obvio: no sirve lo que se está haciendo.
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