He dedicado las columnas de esta semana a analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020. Mi conclusión rápida es que no se está haciendo un esfuerzo a la medida de la crisis.
Eso, sin embargo, lleva a una pregunta obvia: ¿cuánto debería de gastar el gobierno en seguridad y justicia? Esa interrogante no tiene una respuesta obvia, porque no hay una relación directa y mecánica entre presupuesto y resultados: se puede gastar mucho y lograr poco. La orientación y la calidad del gasto importan tanto como el monto.
Pero, aún con esos bemoles, es posible (y hasta probable) que estemos gastando menos de lo que debiéramos.
Empecemos el análisis con el monto que se propone gastar el año que entra. Incluyendo todas las dependencias federales del sector (Sedena, Semar, SSPC, Segob y FGR), añadiendo al Poder Judicial de la Federación y sumando los fondos de subsidios y aportaciones para estados y municipios (FASP, Fortaseg y Fortamun), se llega a un monto de 306 mil millones de pesos. A eso habría que agregar el gasto que realicen gobiernos estatales y municipales con recursos propios. No hay un dato oficial sobre ese monto, pero difícilmente rebasa los 80 mil millones de pesos (la CDMX tiene a 40% de los policías estatales del país y la SSC capitalina recibe aproximadamente 17 mil millones de pesos al año).
Eso suma, más o menos, 386 mil millones de pesos. Sin embargo, una parte importante de ese gasto no es para funciones de seguridad pública, sino para tareas de defensa. Aproximadamente una tercera parte del personal militar está involucrado en labores de policía. Entonces, habría que restar dos terceras partes del presupuesto de Sedena y Semar. Eso nos dejaría con 304 mil millones de pesos, una cifra equivalente a 1.2% del PIB.
¿Cómo se compara esa cifra a nivel internacional? No es fácil hacer el contraste con otros países, porque los marcos legales e institucionales son muy distintos. Se puede, sin embargo, intentar una aproximación.
Según cifras de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), el gasto de gobierno general (es decir, incluyendo a gobiernos subnacionales) en la función de seguridad pública y justicia (policías, prisiones, tribunales, bomberos y otros) fue en promedio 1.7% del PIB en la Unión Europea. De 28 países de la UE, solo cuatro gastan proporcionalmente menos que México. Además, nuestro país tiene una tasa de homicidio 10 a 30 veces mayor que la de los países europeos.
Por su parte, Estados Unidos gasta al año aproximadamente 300 mil millones de dólares en policías, tribunales y prisiones, según datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS por sus siglas en inglés). Eso equivale a 1.5% del PIB.
En la región latinoamericana, Brasil eroga aproximadamente 2.5% del PIB en su sistema de seguridad y justicia (http://bit.ly/2kH41h6). En Colombia, solo el presupuesto de la Policía Nacional equivale a 1.2% del PIB (es decir, lo que México gasta en total).
Entonces, cualquiera que sea la comparación internacional, salimos mal librados. Pero olvidemos lo que pasa en el extranjero y veamos lo que sucede en el país: 93% de los policías estatales ganan menos de 15 mil pesos al mes; 80% de los policías tienen que pagar de su bolsa una parte de su equipo; hay estados donde cada agente del ministerio público debe procesar más de 600 carpetas de investigación por año; hay apenas 1000 médicos forenses en todas las fiscalías del país, etc.
Entonces sí, tenemos que gastar mejor, con base en evidencia, sin despilfarros, sin corrupción. Pero tenemos que gastar más. Con lo que erogamos, no alcanza para contener la crisis de seguridad ni, mucho menos, para revertirla.
