El lunes por la tarde, en los linderos de Sonora y Chihuahua, fueron masacrados seis niños y tres mujeres de la familia LeBarón. A mansalva, sin piedad, a plomo y fuego, dejando lesionados y traumatizados a seis pequeños más.
¿Cómo interpretar una atrocidad de ese calibre? ¿Cómo leer tamaño horror? No lo sé del todo, pero se me ocurre que este tipo de hechos sucede porque no pasa nada. El Estado mexicano no ha pintado rayas en la arena. No hay, al parecer, acto alguno, por bárbaro que sea, que sea capaz de detonar una reacción extraordinaria por parte de las instituciones de seguridad y justicia. Eso, que significaría un compromiso explícito de desmantelar la estructura criminal responsable del hecho, así como sus redes de protección política y policial, y no solo dar con los perpetradores directos de la masacre, no está en la agenda de nadie.
Entonces los criminales pueden continuar con la brutalidad acostumbrada, la que labra reputaciones, la que intimida a rivales, la que siembra el terror en regiones enteras. Si da lo mismo asesinar a una persona que a nueve, si no hay riesgo adicional por calcinar a bebés de brazos, los asesinos lo van a seguir haciendo. Así de fácil y así de terrible.
Más aún cuando queda plenamente acreditada la incapacidad del Estado para controlar franjas enormes de territorio. Según la narración de los hechos presentada ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la familia LeBarón fue atacada hacia a las 13:00 PM del lunes. Menos de 20 minutos después, Julián LeBarón ya estaba solicitando auxilio, pero no fue sino hasta las 17:00 PM que se trasladaron unidades del Ejército y la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales, provenientes de los municipios de Agua Prieta, Janos, Moctezuma y Zaragoza.
Ninguno de esos lugares está a menos de 150 km del lugar de la masacre, el municipio de Bavispe, Sonora. Desde todos, llegar al sitio de los hechos requiere un traslado por tierra de más de tres horas. Y esos eran, previsiblemente, los lugares más cercanos para coordinar una respuesta. En el propio Bavispe, no hay más que dos policías (o había hasta 2017, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales). En los municipios vecinos de Bacerac y Huachinera, la suma de policías no pasa de siete.
Ese abandono de las zonas serranas no está en proceso de corregirse. Al 14 de octubre, la Guardia Nacional tenía a 4,126 elementos desplegados en los estados de Sonora y Chihuahua, los cuales representan 21% del territorio nacional. En cambio, la Ciudad de México acoge a 3,799 integrantes de la nueva corporación.
Eso, por decirlo de manera suave, es un despropósito. Si para algo debe de servir un cuerpo intermedio como la Guardia Nacional es para el control del territorio, para hacer presente al Estado donde es casi imposible poner policía, para patrullar brechas y caminos vecinales, para combatir a pistoleros y bandidos en las regiones apartadas del país, para evitar tragedias como la de Bavispe, no para suplir a las policías locales en zonas urbanas.
Lo ocurrido el lunes debería convocar a una revisión de la política de seguridad. Cuando suceden estas cosas, la trayectoria de la curva de homicidios se vuelve irrelevante. Si es posible matar bebés, cazar niños y destrozar familias sin que eso detone una reacción de vigor inusitado por parte de las autoridades, no queda más que una conclusión: no hay más límite para la violencia que la imaginación de los asesinos.
Tenemos que empezar a pintar rayas en la arena. Sin demora, antes de que nos sorprenda la siguiente tragedia.
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