La exitosa operación de captura de Ovidio Guzmán no fue cosa menor.
Según la información que ha venido fluyendo desde el jueves, se trató de un esfuerzo que requirió seis meses de preparación, un uso intensivo de recursos de inteligencia, el despliegue de al menos 900 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, entre los que se contaban integrantes de unidades de élite, y la utilización de equipo altamente sofisticado, incluyendo helicópteros artillados.
Y con todo eso, fue necesario de cualquier modo librar una batalla campal para detener, extraer y trasladar al hijo de Joaquín Guzmán. De acuerdo con el reporte presentado por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, la larga balacera habría dejado al menos 29 muertos, incluyendo diez soldados, y decenas de heridos.
Dada la complejidad de la operación y los extensos preparativos, uno supondría que el componente jurídico de la detención tendría un grado de sofisticación similar. Uno esperaría encontrar amplias carpetas de investigación, repletas de evidencias múltiples, construidas por equipos multidisciplinarios de investigadores, peritos y agentes del ministerio público, suficientes para proceder por varios frentes legales en contra de Ovidio Guzmán.
Uno se equivocaría. De acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del fuero federal, los que ya les mencioné y otros.” Según el secretario, habría tal vez otras carpetas de investigación, tanto del fuero federal o común, pero sobre las cuales “no podemos nosotros compartir mayor información.”
Dicho de otro modo, para una operación que involucró a casi un millar de elementos de las fuerzas de seguridad, no había más orden de aprehensión que la que ya existía en octubre de 2019, al momento del Culiacanazo. Y esa es resultado de una investigación en Estados Unidos, no en México.
En los tres años y tres meses que han corrido desde el intento previo de captura, nadie se ha tomado la molestia de construir una investigación judicial, capaz de sostenerse en los tribunales, en contra de Ovidio. Nada sobre delincuencia organizada. Nada sobre narcotráfico. Nada sobre la larga estela de violencia del personaje.
Lo único que se tiene en México en contra de Guzmán es la buena y vieja táctica de la flagrancia. Como nadie investiga nada, las fuerzas de seguridad (federales, estatales o municipales) se limitan a perseguir hechos que tienen en la cara. Si hay armas y drogas, vale y bueno. Si no hay, se plantan. Así de fácil.
Eso puede funcionar para detenidos de poca monta, pero para alguien con los recursos de Ovidio Guzmán, no sirve más que para mantenerlo unos meses en prisión. Para algo más, no queda más que trasladar el problema al sistema de justicia estadounidense.
Para todo fin práctico, el sistema de justicia no tiene más que dos instrumentos para combatir las organizaciones criminales: la flagrancia y la extradición. En esas circunstancias, no hay cabida para, por ejemplo, un maxiproceso a la italiana que involucre la detención simultánea y debidamente judicializada de decenas de integrantes de una banda delictiva.
Con lo que tenemos, nos da para detener capos en lo individual, no para desmantelar estructuras criminales. Y lo primero ya sabemos que solo sirve para abrir oportunidades laborales para capos emergentes.
Es una tragedia.