En estos días, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, arremetió en contra de las autoridades federales por un aparente subregistro del número de decesos por COVID-19: “¿Por qué están reportando una información que no es real? Yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir, que den la información verídica de Baja California, no pueden dosificarla.”
Por su parte, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, respondió a esta acusación argumentando que la responsabilidad del registro de datos es de los propios gobiernos estatales: “Y es precisamente de los estados de donde toda esta información fluye, son los mismos estados los que capturan sus casos probables, son los mismos estados los que capturan sus resultados.”
Para los que llevamos varios años siguiendo las estadísticas de homicidios, esta discusión sonó familiar. Va una lista no exhaustiva de elementos similares:
1. Entre autoridades estatales y federales, hay recriminaciones mutuas sobre la clasificación y registro de homicidios. La clasificación de homicidios como dolosos o culposos es un tema que genera fricción constante. El registro de homicidios de mujeres como feminicidios es otro.
2. Algunos gobiernos estatales generan sus propios reportes en la materia que no necesariamente cuadran con las cifras que presenta cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Pueden existir diferencias notables entre la fecha de ocurrencia y la fecha de registro de homicidios específicos. Algo similar sucede en algunas ocasiones con la información geográfica: el lugar de ocurrencia no siempre encaja con el lugar de registro.
4. Existen mecanismos de corrección y ajuste de datos, pero no son particularmente transparentes. Ejemplo: en 2014, el gobierno de Veracruz añadió, sin explicación alguna, 400 homicidios dolosos a la cuenta de 2013.
5. En el ámbito estatal, hay una multiplicidad de actores (fiscalías, secretarías de seguridad pública, secretariados ejecutivos de los sistemas estatales de seguridad pública) que producen datos que a menudo resultan divergentes.
Algunos de estos problemas son resultado de contar con un sistema federal y, por consiguiente, un mecanismo descentralizado de generación de información pública. Cuando hay muchos actores institucionales involucrados en la gestión de datos, es casi inevitable que se presenten inconsistencias y contradicciones.
Pero a ese factor estructural, se añaden dificultades que deberían ser atendibles. Tanto en el sistema de seguridad y justicia como en el de salud, hay rezagos tecnológicos y de capacitación de personal. Por ejemplo, el SESNSP muchas veces recibe la información de los estados de manera mensual y en archivos de Excel. Al Inegi, le toma varios meses recopilar la información preliminar de mortalidad de los registros civiles y luego varios meses más hacer la compulsa con el sector salud.
Por otra parte, los incentivos de los generadores y agregadores no necesariamente están alineados. Los gobiernos y fiscalías estatales no siempre tienen interés en dar información precisa y completa. Las dependencias federales, por su parte, tienen que cuidar múltiples agendas y eso a veces impide que se auditen o corrijan los datos que vienen de estados y municipios.
El resultado de todo lo anterior es información insuficiente, incompleta, rezagada y a menudo contradictoria. Y una retahíla de recriminaciones mutuas entre la Federación y los estados, como las que presenciamos la semana pasada en materia del Covid.
Podemos y deberíamos de hacer mejor las cosas.
