Cuando teníamos puestos los ojos en Estados Unidos, sus policías y sus conflictos raciales, se asomó nuestro propio horror.
Hace un mes, un grupo de cuatro policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, detuvo a un joven albañil llamado Giovanni López. Según algunas versiones, fue arrestado por no portar cubrebocas, pero la fiscalía del estado ha negado el hecho y afirmado que el motivo de la detención habría sido una presunta actitud agresiva de esa persona.
Sin embargo, sobre un hecho no hay duda: Giovanni López no volvió a ser visto con vida. Pasó una noche en los separos de la comandancia municipal y al día siguiente, murió mientras se le trasladaba al área médica. Según la primera autopsia, el cuerpo presentaba lesiones provocadas por objetos contundentes. Dicho de otro modo, lo mataron a golpes.
En México, la muerte de detenidos bajo custodia policial o ministerial no son poco frecuentes. Va una lista no exhaustiva de casos recientes:
1. En enero de este año, un hombre murió a golpes en instalaciones de la policía municipal de Ecatepec, luego de haber tenido un altercado con agentes de esa corporación.
2. En mayo de 2019, tres policías de El Carmen, Nuevo León, presuntamente asesinaron a un individuo que se encontraba en una celda de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
3. En abril de 2019, cinco policías de la ciudad de Chihuahua fueron detenidos por el presunto asesinato por asfixia de una persona retenida en los separos de la corporación municipal.
4. En agosto de 2017, un hombre murió por razones desconocidas dentro de la comandancia de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, menos de 24 horas después de haber sido detenido por presuntamente “escandalizar en estado de ebriedad”.
5. Un reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas reveló que, entre 2008 y 2019, al menos 15 personas murieron en separos de 13 corporaciones municipales de esa entidad federativa.
Esta es solo una de las múltiples manifestaciones de abuso cometidas por personal policial, militar y ministerial en México. La tortura es un fenómeno sistémico en muchas instituciones de seguridad y justicia. La desaparición forzada sucede con relativa frecuencia (piensen en los casos de Iguala o Tierra Blanca). Y las ejecuciones extrajudiciales no han desaparecido del panorama.
¿Por qué persisten esas prácticas en demasiadas instituciones? No hay una causa única, pero consideren los siguientes factores:
1. Salvo excepciones, la formación y capacitación del personal en la mayoría de las corporaciones es corta y deficiente, particularmente en lo referente al uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.
2. Las pobres condiciones laborales en la mayoría de las corporaciones son un detonador de violencia e indisciplina. Un policía que tiene turnos de 24 horas, recibe un sueldo mensual de menos 10,000 pesos al mes y es objeto de maltrato continuo dentro de la institución no está en las mejores condiciones para tomar decisiones apegadas a protocolo.
3. Los controles internos en la mayoría de las instituciones de seguridad y justicia son débiles o inexistentes. Las unidades de asuntos internos y las comisiones de honor y justicia son inoperantes, cuando no inexistentes. Y de los mecanismos de supervisión externa, ni hablamos. El número de corporaciones con algún tipo de auditor policial o comisión de quejas se cuentan con los dedos de una mano.
En resumen, tenemos en las policías y las fiscalías un coctel explosivo de pobre formación, maltrato continuo e impunidad sistemática. En esas circunstancias, lo que debería de sorprender es que no haya más casos como el de Giovanni López.
