El martes, circuló profusamente en redes sociales un amplio paquete de iniciativas de reforma legal y constitucional, presuntamente elaboradas por la Fiscalía General de la República, cuya aprobación significaría una transformación del sistema de justicia penal.
Entre otras cosas, la reforma propuesta en esos documentos implicaría:
1. La extensión de la figura del arraigo (es decir, la posibilidad de ser detenido hasta por 40 o hasta 80 días sin necesidad de acusación formal) a todos los delitos. Actualmente, ese instrumento solo se puede utilizar en casos de delincuencia organizada.
2. La eliminación de los jueces de control. En el modelo planteado en los documentos, la misma persona controlaría la legalidad de la detención, dictaría las medidas cautelares, presidiría el juicio y dictaría sentencia.
3. La admisión de evidencia obtenida de manera ilícita en un proceso penal, si hubiese “atenuantes”.
4. La posibilidad de intervención de comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales.
5. El traslado de reos, mediante decisión administrativa, sin necesidad de autorización judicial.
6. La designación de jueces y magistrados por parte del Senado, en vez de ser una facultad del Poder Judicial.
En resumen, este paquete de reformas parece orientado a inclinar la balanza del sistema penal en favor del Ministerio Público y a reducir la autonomía del Poder Judicial. Significaría la defunción del sistema penal acusatorio, establecido en la reforma constitucional de 2008 y puesto en marcha a nivel nacional en 2016.
Supuestamente, estas propuestas iban a ser presentadas de manera pública por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, el miércoles en el Senado. Sin embargo, la agenda cambió, los documentos que circularon el martes no se presentaron y el fiscal aseguró la propuesta de reforma sería dada a conocer el primero de febrero.
En consecuencia, no sabemos si lo que circuló era una propuesta real, un borrador o un globo de prueba. De lo que no parece haber duda es que algo con contornos similares se está cocinando en la FGR y el gobierno. En una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, aseveró que “según entiendo, se plantean reformas a 14 artículos de la Constitución, 14 artículos de la Constitución: El 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122.” Esos son los mismos artículos incluidos en la propuesta de reforma constitucional que circuló el martes.
Dado lo anterior, no queda más que pedir que los autores de la propuesta recapaciten. El sistema penal acusatorio, establecido en la reforma de 2008, tiene indudables problemas. Los operadores, particularmente las policías y el Ministerio Público, se han adaptado mal a las nuevas reglas del juego. En la mayor parte del país, no se han construido capacidades de investigación y litigio consistentes con las exigencias del sistema. Eso ha hecho más difícil obtener sentencias condenatorias y reducir los niveles de impunidad.
Pero esos son problemas de instrumentación que pueden resolverse gradualmente. Con todos sus problemas, la reforma de 2008 fue un enorme paso civilizatorio para el país: ha hecho más transparente y menos arbitraria la aplicación de la justicia en México. Ha limitado algunos de los peores abusos del viejo sistema, como el uso de la confesión como prueba casi única.
Entonces, va una humilde petición: mejoren el sistema, transformen las piezas que se han quedado ancladas en el pasado, adecúen lo que no funciona. Pero, por favor, no tiren a la basura algo que, con todas sus deficiencias, nos hace un mejor país.
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@ahope71
