Hace más dos meses, cuando iba empezando la jornada nacional de sana distancia, sugerí que la emergencia sanitaria abría una oportunidad única para el Estado debería de aprovechar esa oportunidad para debilitar estructuralmente a las bandas delictiva y para construir un Estado más robusto y más legítimo. Asimismo, propuse algunas ideas concretas para aprovechar la emergencia.
Setenta días después, cuando se empiezan a levantar las medidas de restricción y el país entra a lo que las autoridades han denominado la “nueva normalidad”, ¿cómo vamos? ¿Se utilizó la excepcionalidad del momento para reconstruir la relación entre la población y sus autoridades? Falta información para hacer un juicio categórico, pero inicialmente parecería que no:
1.Salvo excepciones, no se utilizó a las policías como un punto focal de provisión de servicios a la población durante la emergencia sanitaria. Ha habido algunos ejemplos aislados de corporaciones que participaron activamente en la distribución de víveres a grupos vulnerables o el apoyo logístico a las instituciones de salud. Pero, en general, las policías de todos los niveles se mostraron desbordadas por la contingencia, tratando de hacer cumplir las medidas de confinamiento o protegiendo con pocos recursos al personal de salud, sin una estrategia sistemática para acercar a la policía con los ciudadanos. Asimismo, es necesario destacar que, en la mayoría de los casos, los policías no fueron dotados de equipo de protección y que muchos elementos han sido contagiados.
2.No se dio atención prioritaria a casos de violencia en el hogar. Los datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) muestran una caída notable de las denuncias y llamadas de emergencia por razones conectadas a la violencia de género durante abril. Eso no sugiere, como afirmó el presidente López Obrador, que ha habido un reencuentro de las familias o que la fraternidad reina en los hogares mexicanos. Más bien indica que las denuncias, tanto presenciales como telefónicas, se han hecho más difíciles durante la emergencia sanitaria y no ha habido un esfuerzo sostenido de las autoridades de remediar esos problemas.
3.Con toda probabilidad, muchos giros negros y comercios vinculados al crimen organizado se han cerrado en estas semanas. La pregunta es si permanecerán clausurados en la “nueva normalidad”. Me temo que, en la mayoría de los casos, la respuesta va a ser negativa. Lo que se ha puesto de manifiesto en la pandemia es la dificultad que tiene el Estado para regular a actores económicos, grandes y pequeños (p.e., Grupo Azteca). Eso no tiene por qué ser diferente durante el desconfinamiento.
4.Las carpetas de investigación han caído en casi todos los delitos. Eso refleja un doble efecto: una disminución de algunos delitos y una reducción de las denuncias. Lo segundo sugiere que no se experimentó con métodos alternativos de denuncia, ya sea en línea o directamente con la policía, en vez de acudir a una agencia del Ministerio Público para denunciar un delito. Al parecer, se desaprovechó la oportunidad de movernos en definitiva hacia un sistema donde la denuncia ya no pase por el Ministerio Público.
En resumen, salimos del encierro como entramos: con un Estado débil y unas autoridades poco legitimadas. Se hizo muy poco para cambiar la ecuación en una situación excepcional.
Es una enorme pérdida.
