Se anuncia un operativo federal para rescatar a Michoacán de la violencia. Amplio despliegue coordinado de soldados y policías. En municipios sojuzgados por grupos armados, se respira otro clima. Los caminos se liberan, los negocios reabren, la economía se reactiva. El gobierno anuncia resultados alentadores: decomisos de armas, laboratorios clandestinos desmantelados, detención de presuntos criminales. La autoridad recibe aplausos.
Panorama estimulante, sin duda. Salvo por un detalle: todo lo anterior sucedió hace quince años. Sí, en los meses iniciales, el primer operativo calderonista parecía ir funcionando. Sí, en 2007, los homicidios disminuyeron en Michoacán.
Pero luego vino 2008: 130 homicidios más y la necesidad de reforzar el contingente federal. Y luego todo lo demás: michoacanazo, policías federales torturados y asesinados, granadazos, Nazario Moreno falseando su muerte, la Tuta desplegando su videoteca, aguacateros pagando cuota primero y armando milicias después.
Pero no, esto es distinto. De la mano del Ejército, vienen programas sociales, viene una política de pacificación. Esto es un esfuerzo de todo el gobierno, no solo garrotazos a la manera de Calderón. Y un clima político renovado, con mucha coordinación entre las autoridades federales y estatales.
Es decir, estamos en 2014, con el comisionado Alfredo Castillo partiendo plaza en Morelia, con medio gobierno operando solo para Michoacán, con resultados iniciales extraordinariamente alentadores: disminución de 20% en los homicidios dolosos en el primer año, restablecimiento de cierta normalidad en Tierra Caliente, captura o abatimiento de casi todo el liderazgo templario.
Pero luego vino el segundo lustro de la década. Y sucedió Tanhuato y sucedió Apatzingán. Los buenos autodefensas (algunos de ellos) se convirtieron en los malos Viagras. Y se apareció por el rumbo el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). No hubo más remedio que sacar a Castillo de Michoacán y ponerlo al mando del deporte nacional.
Del rescate del estado se olvidó todo mundo, el gobernador Aureoles decidió proscribir a las autodefensas y las autodefensas se rieron. Los grupos armados agarraron la manía de bloquear caminos, sitiar municipios y desplazar familias por estar en mal lugar y en mal momento, todo sin que nadie metiera las manos.
Pero ahora estamos en 2021 y viene un Plan de Apoyo a Michoacán (con mayúsculas). A lo grande, con un despliegue de casi 17,000 elementos entre Guardia Nacional, Sedena y las policías estatales y municipales. Y, al parecer, ya se ven resultados. Dice el secretario de la Defensa Nacional que ya obligaron al CJNG a retroceder hasta los límites con Jalisco.
Y eso no es todo. Ya hay una mesa de diálogo con la población de Aguililla, ya empieza a haber confianza, ya inicia el retorno de los desplazados. Viene además una mayor colaboración con el gobierno del estado y los municipios.
Esto además no es solo asunto de garrote. Acompañan a la Sedena no menos de 22 dependencias federales. Hay por supuesto un fuerte componente social: están las pensiones a adultos mayores, las Becas Benito Juárez, la rehabilitación de clínicas, los apoyos de Sembrando Vida. Nada se escatima en el esfuerzo de apoyar a Michoacán.
Ahora sí va a ser distinto.
Pues tal vez. Pero la historia de los últimos 15 años invita más al escepticismo que al entusiasmo. La presencia federal masiva es insostenible en el tiempo y los impulsos reformadores de las autoridades michoacanas han sido menos que impactantes en el pasado.
Todo puede cambiar, claro está. Pero dado lo ocurrido en ocasiones anteriores, tal vez sea mejor agarrar la de Santo Tomás: hasta no ver, no creer.
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