La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció esta semana un giro audaz en la política mexicana en contra del tráfico de armas. En representación del gobierno de México, interpuso en un tribunal federal estadounidense una demanda civil en contra de diez fabricantes y distribuidores de armas de fuego, alegando que esas empresas mantienen “prácticas negligentes” que alimentan el comercio ilegal de armas.
Van algunos comentarios:
1. La iniciativa de la Cancillería merece respaldo, sin importar cuál sea el desenlace de la demanda. Como mínimo, puede generar una discusión indispensable sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia letal en México y otros países. Los fabricantes y distribuidores de armamento no pueden desentenderse de las consecuencias que genera el uso de sus productos. Ellos no jalan el gatillo, pero hacen todo lo posible por poner muchos gatillos en muchas manos.
2. Dicho lo anterior, es improbable que la demanda prospere en los tribunales. En 2005, se aprobó en Estados Unidos una ley (Protection of Lawful Commerce in Arms Act) que protege a la industria de las armas de demandas civiles, incluso en los casos en que haya evidencia de negligencia y haya habido un “uso indebido criminal o ilegal” de un arma. Hay algunas excepciones estrechas a esa prohibición, pero en general, resulta muy difícil que los tribunales estadounidenses acepten demandas civiles contra la industria de las armas.
3. Aun si el gobierno de México tiene éxito en el litigio, sus efectos prácticos no se verían por muchos años. Apenas este año, la empresa Remington está negociando un arreglo extrajudicial para dar fin a una demanda interpuesta en 2016 por las familias de las víctimas de la masacre de Sandy Hook (ocurrida en 2012). La ruta de los tribunales no es sencilla ni rápida.
4. Probablemente, el efecto buscado con esta demanda es más político que jurídico. Se busca dar visibilidad en Estados Unidos al problema del tráfico ilegal de armas hacia México, además de poner presión a la administración Biden para que acelere sus esfuerzos legislativos en materia de control de armas. Además, poner el énfasis en este tema es una manera de empatar el marcador diplomático con Estados Unidos en las discusiones sobre drogas.
5. Todo eso es bueno y puede empezar a mover gradualmente la aguja política. Pero eso no cambia la lógica esencial del tráfico ilícito. En Estados Unidos, las armas de fuego son baratas y fáciles de obtener. En México, son caras y difíciles de conseguir. Eso crea una motivación para contrabandearlas de norte a sur.
6. Cualquier intento de suprimir el tráfico ilícito desde el lado de la oferta aumenta el precio de las armas de fuego en México, pero no lo suficiente para reducir la demanda. Crea en cambio un incentivo adicional para los traficantes.
7. Dado ese fenómeno, lo que se debería buscar es cerrar la brecha de precio y disponibilidad. Y eso es tremendamente difícil sin cambios legislativos mayúsculos (e improbables) en Estados Unidos.
8. Pero, además, si por algún milagro el flujo de armas se detuviera mañana, los inventarios acumulados en México son suficientemente grandes (casi 15 millones de armas de fuego ilegales, según el Small Arms Survey) para mantener a los mercados criminales funcionando por mucho tiempo, sin importaciones.
En resumen, al igual que con las drogas, no hay solución obvia para el problema de las armas. Tal vez deberíamos centrarnos no solo en el acceso de los delincuentes a las armas de fuego, sino también en su propensión a usarlas. Eso implica combatir la impunidad de los asesinos.
Y no hay demanda en ningún tribunal del mundo que nos libre de esa tarea.