Hace no mucho, se decía en tono de broma que ya solo faltaba que pusieran a los soldados a realizar labores de policía de tránsito.
Ya no es broma. El lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , anunció en un tuit que “elementos de la @GN_MEXICO_ también brindan apoyo y orientación a la ciudadanía sobre las rutas alternas debido al cierre de la Línea 1 por modernización.”
Y luego remató al día siguiente agradeciendo “el apoyo de la @SEDENAmx en el operativo de transporte por el cierre de la Línea 1 del @MetroCDMX.” Ese segundo tuit iba acompañado de un video que mostraba a un soldado en uniforme táctico, portando un arma larga, mientras los pasajeros del transporte público pasaban a su lado.
Nótese que esto sucede en la Ciudad de México, una entidad federativa que cuenta con 90,671 policías entre preventivos, auxiliares y bancarios. De esos, hay más de 3000 dedicados en exclusiva a la función de tránsito. Asimismo, el gobierno capitalino cuenta con aproximadamente 130,000 empleados adicionales, muchos de los cuales fueron desplegados para el programa de vacunación y que bien podrían apoyar para orientar a los usuarios del transporte público. No es que se necesite entrenamiento militar y un rifle de asalto para decirle a las personas donde pueden tomar un autobús de RTP.
Esto ocurre además una semana después de que 15 elementos del Ejército se vieran rodeados y tuvieran que resistir durante horas al embate de 60 pistoleros en Altar, Sonora. Y a unos días apenas de que integrantes de la Guardia Nacional (GN) fueran expulsados del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, por una multitud enardecida que los agredió a pedradas y palazos, en presunta represalia por la captura de unos huachicoleros. Y el mismo día de una nutrida balacera entre la policía capitalina y la Guardia Nacional contra una banda de presuntos secuestradores que operaba en el pueblo de Topilejo, al sur de la Ciudad de México y al borde de una carretera federal.
Esto es un patrón recurrente. Las Fuerzas Armadas y la GN son usadas como sustituto y no como complemento de las policías locales. Son colocadas en la primera trinchera y no en la última línea de defensa del Estado. Su despliegue responde en muchas ocasiones más a consideraciones francamente misteriosas. Por ejemplo, Oaxaca tiene dos veces y media más elementos de la GN que Nuevo León. Tabasco, por su parte, cuenta con casi el mismo despliegue que Sonora.
Como resulta evidente, este es un arreglo profundamente disfuncional. Tenemos a las Fuerzas Armadas y la GN haciendo de todo en todas partes y no alcanzando para lo indispensable en ninguna parte. Y peor aún, genera incentivos para que los gobiernos estatales y municipales rehúyan de sus responsabilidades. Si la Ciudad de México, dotada de una policía gigante y recursos presupuestales enormes, puede trasladar funciones absolutamente básicas de gobierno local a las autoridades federales, ¿por qué el resto de los gobiernos estatales y municipales no levantaría la mano para pedir el mismo trato? Y en al menos algunos casos, se les tendría que dar.
Esta confusión de roles, responsabilidades y competencias es la receta perfecta para un desastre. Lleva al desbordamiento de las capacidades federales, a la confusión de las líneas de responsabilidad y al retraso (cuando no la reversa) en la construcción de capacidades locales.
Esto tiene que cambiar. Y si no cambia, por lo menos no lo presuman en Twitter .