A tres días del atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿qué sabemos? Aún no mucho, pero han empezado a surgir algunas piezas del rompecabezas:
•De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 28 personas habrían sido contratadas para llevar a cabo el ataque. A cada uno, le habrían prometido 100 mil pesos por el trabajo, pero no está claro si en efecto recibieron el pago.
•Hasta el momento de escribir estas líneas, habían sido detenidos 19 presuntos participantes en el intento de asesinato. Ese grupo es de geografía variopinta: según se informó, incluye personas de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca, así como un hombre de nacionalidad colombiana.
•La persona encargada de reclutar a los asesinos sería un hombre llamado José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca. Este individuo, detenido el día mismo del ataque junto con otras cuatro personas y descrito como “autor intelectual” del atentado, habría armado el equipo de asesinos hace más de tres semanas, por órdenes de un colombiano llamado Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, presunto jefe regional del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.
Todo lo anterior no es más que dicho de la Fiscalía y tendrá que probarse en los tribunales. Pero asumamos que es cierto al menos en parte y que los presuntos asesinos fueron contratados apenas tres semanas antes del atentado ¿Qué significaría ese hecho?
Algo nada trivial: lo que llamamos cartel es probablemente más una red amplia de proveedores independientes de servicios, pagados a destajo y contratados para trabajos específicos, y menos una estructura jerárquica permanente, con roles y tramos de responsabilidad muy bien definidos. Puesto de otra manera, muy poca gente trabaja de fijo en una banda criminal.
Desde la perspectiva de los jefes, un modelo organizacional de ese tipo tiene toda la lógica del mundo. A más colaboradores permanentes, más posibilidades de traición, más riesgo de que alguien acabe de informante, más peligro de que alguien diga o haga por error algo que no debe. Pero si el arreglo laboral empieza y acaba con el trabajo específico, la información queda compartimentada por diseño.
De hecho, es muy posible que los sicarios que atacaron a García Harfuch no supieran por quién iban ni quién ordenó el ataque en primera instancia. Con alta probabilidad, su conocimiento de la organización no llegaba más allá del individuo que los reclutó directamente.
A esto, hay que añadirle un motivo económico: contratar a destajo probablemente sale mucho más barato que tener nómina permanente. Consideren el caso que nos ocupa: al parecer, 28 personas fueron reclutadas con la promesa de un pago, no con el pago mismo. Y dado que fallaron, el asunto salió gratis (o casi). Dicho de otro modo, los sicarios cargan todo el riesgo, incluido el financiero. Dado que existe ese mercado (y que en ese sector no funciona muy bien la legislación laboral), ¿por qué alguien querría tener muchos empleados de fijo?
Si esta descripción de los cárteles como ecosistema para freelancers es básicamente correcta y las autoridades saben que más o menos operan de ese modo, ¿por qué la insistencia de describirlas como grandes organizaciones jerárquicas? Porque es más fácil explicar a un enemigo unitario que a una red descentralizada. Y porque la banalidad del mal aterra: nadie quiere imaginar que una panda de primerizos incompetentes casi mata a una de las personas mejor custodiadas de México.
Entonces mejor imaginar a un gigantesco imperio criminal. Aunque sea ficticio.
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