En el arranque del año, tanto en medios como en redes sociales, se publicó información sobre el presunto total de homicidios cometidos en 2021. Y en casi todos los casos, los datos publicados eran inexactos.
Esta confusión sobre el tema de los homicidios no es nueva y no es culpa de los medios o los tuiteros. Hay una multiplicidad de cifras allá afuera y es fácil perderse en la marejada de datos.
Ya he escrito sobre este tema en otras ocasiones, pero creo que vale la pena reiterar la explicación:
1. En la mayoría de los países, hay dos conteos oficiales de homicidios: uno proveniente de las policías o el sistema de justicia, y otro del sistema de salud. México sigue ese patrón: por una parte, las fiscalías llevan una cuenta del número de casos de homicidio, agregada mes con mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y por la otra, el INEGI lleva un registro de las personas que, según lo manifestado por un médico en el certificado de defunción, murieron como resultado de una agresión.
2. No es inusual que haya divergencia entre las dos cifras. Eso puede suceder por varias razones legítimas. Por ejemplo, si una persona muere al caer de un edificio, es posible que un médico legista clasifique el hecho como un accidente, pero que, a resultas de una investigación, una fiscalía determine que alguien empujó a la víctima y que se trató por tanto de un homicidio. O al revés. En México, las cifras del INEGI habitualmente son algo mayores que las que genera el SESNSP.
3. Pero allí no acaba el tema. El SESNSP produce varias cifras sobre homicidios. En primer lugar, distingue entre homicidio culposo y doloso. En segundo lugar (y desde 2014), presenta por separado las carpetas de investigación y las víctimas. Por último, clasifica aparte a los feminicidios (un subconjunto de los homicidios dolosos de mujeres).
4. Además, tenemos en México una tercera fuente oficial: el informe diario generado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ese reporte es alimentado por dependencias federales y las fiscalías estatales. Tiene la ventaja de la oportunidad y la desventaja de la imprecisión: entre 17 y 21% de los homicidios que registra la SSPC no entran a la cuenta del SESNSP. Además, existen diversos conteos de ejecuciones, realizados por medios de comunicación o empresas de consultoría, elaborados con fuente abierta, que siguen con metodologías distintas la evolución de homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.
5. Entonces, ¿a qué número hay que hacerle caso? Depende de lo que se busque. El INEGI provee la descripción más amplia del fenómeno, así como la mayor cantidad de detalles sobre los incidentes y las víctimas. Pero sus datos se actualizan con mucho rezago: los datos preliminares de 2021 se conocerán hasta julio de este año. El SESNSP es mucho más oportuno, pero ofrece una información menos rica. La cuenta de SSPC sirve de indicador temprano, pero es muy imprecisa. Por último, los conteos privados permiten aproximarse a una modalidad específica de violencia letal, pero dependen de fuentes abiertas de calidad dispar.
6. Esto lleva a un último punto: si se quiere hacer una comparación entre periodos (o entre sexenios), es necesario utilizar una fuente homogénea. Es decir, hay que contrastar los datos del INEGI en ambos periodos. O los del SESNSP (y poniendo atención en no comparar el número de víctimas con el de carpetas de investigación). De otra forma, sale un champurrado que invalida el análisis.
Dicho todo lo anterior, un hecho persiste: tenemos un nivel de violencia letal que debería de convocar a acciones urgentes.