Hace tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrado r quiso y no pudo ubicar a la Guardia Nacional (GN) en la Sedena. Pero no se resignó a la derrota y va por un segundo intento.
Ya ha anunciado que enviará en algunas semanas al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que la GN quede plenamente bajo control militar y dentro de la estructura administrativa de la Sedena.
¿Cuál es el motivo de esta insistencia? ¿Por qué en la fase final de su gobierno ha decidido gastar capital político en una discusión que no pudo ganar cuando estaba en el ápice de su poder?
Parte de la respuesta se puede encontrar en el discurso que pronunció el presidente en la conmemoración del tercer aniversario de la GN. Esta reforma constitucional sería necesaria porque “si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error y no podemos ya equivocarnos… Sí es importante la Secretaría de Seguridad Pública, sí es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa, que la Guardia Nacional se convierta en otra rama de la Secretaría de la Defensa.”
Aquí hay un hecho paradójico: la GN no es lo que dice la Constitución. No es una institución civil. Es, para todo fin práctico, una extensión de la Sedena. Responde más a instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo que de Constituyentes. Entonces, si el control militar es lo que supuestamente protege de la corrupción y garantiza la permanencia, el asunto ya debería de estar resuelto.
Y lo estaría si el alto mando militar no temiera que, ante un cambio en los vientos políticos, la fragilidad institucional sobre la cual han construido su control sobre la GN quede expuesta.
Más del 80% de la GN tiene plaza y cobra sueldo en la Sedena o la Semar. Todos sus cuarteles y la mayor parte de su equipo son patrimonio de la Sedena, no de la propia institución. Todo su reclutamiento es responsabilidad de la Sedena, toda su formación ocurre en instalaciones militares.
De hecho, en un contexto político, la GN podría básicamente desaparecer en 24 horas sin necesidad de pasar por el Congreso, mediante simples actos administrativos. O, al revés, podría formalizarse la transferencia de recursos humanos y materiales de las secretarias militares a la GN. Pero eso significaría una pérdida considerable de presupuesto y personal para la Sedena .
Para evitarse esa disyuntiva, el alto mando militar quiera cimentar el actual arreglo institucional antes de que cambien los equilibrios políticos. Y por su parte, el presidente López Obrador ve en las Fuerzas Armadas un garante de su legado y está dispuesto a gastar capital político para solidificar esa alianza.
Pero esas son dos muy buenas razones para decirle no a la propuesta de reforma constitucional. Labrar en piedra el actual arreglo no es buena idea: el próximo presidente o presidenta, venga del partido que venga, muy probablemente quiera renegociar los términos de la relación con las Fuerzas Armadas. Y el entuerto administrativo de la GN daría muchas fichas para reconstruir ese acuerdo.
Más importante, no es deseable que las Fuerzas Armadas tengan lealtad a algo que no sean las instituciones. No pueden ni deben ser el pilar de un proyecto político específico ni, mucho menos, convertirse en el instrumento de un expresidente. Cualquier cosa que abone en esa dirección debe ser rechazado.
Entonces, por el bien del país y de las propias Fuerzas Armadas, es necesario decir no a la reforma.
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