Después de días de discutir el caso de Giovanni López y sus repercusiones políticas y sociales, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué lecciones deja el asunto? Van algunas respuestas a bote pronto:
1. Existe un problema sistémico con las policías en todos los niveles de gobierno. Lo sucedido en Ixtlahuacán de los Membrillos con Giovanni López no es un caso aislado. Muchas personas han muerto bajo custodia policial en muchos estados en tiempos recientes (y no tan recientes). Y esa es solo una de las formas de violencia ilícita ejercida por miembros de instituciones de seguridad y justicia.
2. Buena parte de la atención en esta crisis se ha centrado en la actuación de las policías preventivas (municipal y estatal), pero los peores abusos probablemente sucedieron a manos de la policía ministerial. Ese es un patrón recurrente en múltiples estados, donde las detenciones arbitrarias o el recurso a la tortura son prácticas frecuentes de policías de investigación. Sin embargo, ese tiende a ser un tema olvidado en las discusiones sobre reforma policial.
3. La crisis de Jalisco hizo patente una falla estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia: la difuminación de la responsabilidad política por lo que hacen o dejan de hacer las instituciones. La muerte de Giovanni López ocurrió presuntamente a manos de policías municipales en una localidad con alcalde priísta, ubicado en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, localizado en un país gobernado por Morena. Si los votantes quisieran castigar el hecho, ¿por quién o contra quién deberían de votar? Añádase a esto que la investigación tendría que ser conducida por un ente formalmente autónoma (la Fiscalía General de Justicia del estado) y podría ser atraída por otro ente formalmente autónomo (la Fiscalía General de la República) ¿Quién es entonces el responsable último del asunto? La respuesta correcta es muchos y, por tanto, nadie en específico. Y la realidad es que ese arreglo se repite en muchos otros asuntos y, por tanto, no debe sorprender el combate permanente por trasladar la responsabilidad a otras instancias de gobierno.
4. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, aprobada el año pasado como parte del paquete legislativo que creó a la Guardia Nacional, no parece haber tenido mayor impacto en el comportamiento de las policías. Ni en Jalisco ni en la Ciudad de México: ante manifestaciones y actos vandálicos, actuaron como habitualmente actúan la mayoría de las corporaciones policiales del país ante situaciones similares, primero con pasividad y luego con excesos. Dicho de otro modo, la ley no ha servido hasta ahora para gran cosa.
5. Algo similar vale para la Ley Nacional del Registro de Detenciones, otra de las piezas del paquete legislativo del año pasado, aunque allí la moneda está aún en el aire ¿Se registraron en tiempo real las detenciones ocurridas en Guadalajara y la Ciudad de México luego de las manifestaciones de la semana pasada? Francamente lo dudo, pero habría que revisarlo. Lo que sí parece un hecho es que, por sí mismo, el Registro Nacional no va a prevenir las detenciones arbitrarias.
Por último, lo sucedido en los últimos días no puede no interpretarse en clave política. Eso se entiende. Pero una vez que acabemos con las lecturas políticas, es necesario reconocer que tenemos un problema de fondo con las policías. Y es allí donde habría que centrar el debate, sin importar la ubicación de cada quien en el tablero político.
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