Los partidarios de la seguridad pública militarizada llegaron con todo a la Cámara de Diputados. En el largo debate del miércoles sobre la extensión del plazo del traído y llevado artículo quinto transitorio, morenistas, priistas y aliados diversos desplegaron gritos, pancartas, imágenes apocalípticas, referencias patrióticas, profesiones de amor a los institutos armados, comentarios sueltos sobre Genaro García Luna , y hasta algunas teorías de la conspiración.
Todo, menos argumentos.
En once horas de debate, ninguno de los promotores de la iniciativa fue capaz de responder a una sencilla pregunta: ¿qué pasaría en concreto si no se extiende la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública? ¿Qué sucedería a partir de marzo de 2024 si deja de existir una base constitucional para que los militares hagan directamente (insisto en el adverbio) funciones de policía?
Algunas diputadas y diputados —incluyendo a la proponente de la iniciativa, la priísta Yolanda de la Torre— balbucearon que sin “acompañamiento” militar, los estados y municipios quedarían “secuestrados por el crimen”. Ninguno se tomó la molestia de definir el término ni de describir las diferencias con la situación existente. Solo colocaron la imagen de horror sin aventurar un solo número. ¿Cuánto delitos más habría sin militares patrullando las calles? Misterio.
De hecho, toda la retórica del “sí” partió de la premisa de la eficacia militar en el combate a la inseguridad. Nadie ofreció un dato, un estudio, un informe, un caso o una estadística que demostrara la supuesta relación entre mayor despliegue militar y menor incidencia delictiva. El asunto se tomó como axioma, como si fuera perfectamente evidente que más botas equivalen a menos delitos.
Después de 16 años de despliegue militar creciente y victimización al alza, uno supondría que ya habría razones de sobra para cuestionar esa relación. Uno se equivocaría: la fe se mantiene incólume
¿Para qué señalar que, según el propio Informe de Gobierno, la Sedena y la Semar detuvieron en todo 2021 a 6,466 personas, como parte del “Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico ”, incluyendo, además de delitos contra la salud, violaciones en materia de armas de fuego? ¿Para qué detallar que eso equivale a 17 personas al día (o menos de una por estado cada dos días en promedio)?
Varios de los promotores de la iniciativa señalaron que las policías estatales y municipales no se encuentran “listas para combatir el crimen”. Tampoco aquí hubo un intento de definir el término (salvo referencias sueltas a sueldos, prestaciones y capacitación), ni de establecer métricas precisas para medir el avance hacia la Tierra Prometida. Ni para que solicitar matices o distinciones. “No están listas” y punto.
La pièce de resistance del debate fue la sugerencia de que la Guardia Nacional tampoco está lista o, en buroñol, “no está consolidada”. Nadie, por supuesto, ofreció alguna definición o criterio para medir la mentada consolidación. Ni nadie de los que lamentaron la supuesta falta de consolidación reparó en el hecho de que la iniciativa recién adoptada para pasar la Guardia Nacional a la Sedena le quitó todas las plazas presupuestales a la corporación. Pero lo más simpático es que quisieran hacer una distinción entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, como si no fuesen exactamente la misma cosa con uniformes distintos.
En resumen, esto se movió donde siempre se mueve cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad, en el terreno de la fe y la consigna, en un espacio libre de evidencia.
Es una pena, pero no es una sorpresa.
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