El día de ayer, varios centenares de miles de mexicanos salieron a las principales plazas del país a protestar en contra de las reformas electorales impulsadas por el gobierno y conocidas como el Plan B.
No pretendo entrar aquí a una discusión sobre esos cambios legislativos, pero sí notar que hay en las manifestaciones del domingo una clara pulsión democrática. Según los partidarios del gobierno, esta se habría activado como resultado de la manipulación y la mentira. No comparto esa visión, pero aún si fuera correcta, no demeritaría un hecho central: la defensa de la democracia mexicana, por imperfecta e inacabada que sea, moviliza a una parte importante de la población.
¿Y por qué? No es que nuestra democracia haya tenido resultados notables en muchos ámbitos. En materia de seguridad y justicia, por ejemplo, el legado de los últimos 25 años no ha sido muy alentador que digamos:
1. La tasa de homicidio por 100 mil habitantes es hoy 2.6 veces mayor que la registrada en 2000.
2. Los niveles de victimización no han variado mayormente en términos relativos desde que el Inegi empezó a levantar encuestas en la materia hace casi 15 años.
3. La impunidad sigue siendo casi universal. Menos del 1% de los delitos que se cometen se resuelven con una sanción para el perpetrador.
4. La corrupción en nuestro aparato de seguridad y justicia sigue siendo sistémica y generalizada (las revelaciones del caso García Luna son un buen ejemplo de ese fenómeno).
5. La injusticia sigue siendo el sello de nuestro sistema. En nuestras prisiones, hay 100 mil personas privadas de la libertad sin haber recibido sentencia.
Solo eso, sin entrar a las decepciones en otros temas, daría material suficiente para una decepción profunda (y tal vez definitiva) con la democracia. Pero no: miles todavía salen a marchar y protestar en defensa de esta deficiente construcción política que llamamos democracia mexicana.
Y creo que hay algo sabio en esa convicción. La solución a nuestros problemas de seguridad y justicia pasan por más democracia, no por menos.
Empecemos por lo obvio: nuestro sistema de seguridad y justicia tiene un déficit de rendición de cuentas. Es decir, no hay consecuencias serias ante los malos resultados, la corrupción o el abuso. Pero la peor manera de enfrentar ese problema es debilitar los frenos y contrapesos que existen en un arreglo democrático. Por el contrario, necesitamos más ojos y más controles en nuestras instituciones
Por otra parte, debería de quedar claro que la seguridad no se construye de arriba hacia abajo. Desde la Ciudad de México, no se pueden microadministrar las respuestas a problemas de corte local. Necesitamos un arreglo político que permita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas, así como incentivar la innovación en las intervenciones en materia de seguridad. Dicho de otra manera, requerimos un sistema político que descentralice el poder, no que lo concentre
Por último, necesitamos más transparencia, no menos. Transparencia en la estadística delictiva, en la información presupuestal, en los datos operativos. Sin eso, es imposible saber que funciona y que no, que es una intervención eficaz y que es una acción inútil. La ecuación es sencilla: sin democracia, no hay transparencia; sin transparencia, no hay evaluación; sin evaluación, no hay mejoría.
La salida al laberinto de la inseguridad y la violencia pasa por la democracia. Por ello, alienta que tantos compatriotas estén movilizados para defenderla.