Para ojos mexicanos, mucho luce raro e incomprensible en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Nada tanto como dejar el veredicto a un jurado de doce personas, escogido entre la población general y sin mayor conocimiento sobre derecho penal o el asunto a discusión.
El jurado es una institución muy anglosajona y se encuentra presente en una buena parte de los países de matriz jurídica británica (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.). Pero se puede encontrar en países con tradiciones jurídicas más cercanas a la nuestra. En España, hay juicios por jurado para algunos delitos (homicidio, por ejemplo). En Argentina, la figura funciona en diez provincias que han regulado la práctica en años recientes.
En el marco jurídico mexicano, existieron los jurados en el siglo XIX y no se abolieron sino hasta la tercera década del siglo XX. De hecho, todavía se encuentran algunos resabios de la institución en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 36 constitucional señala como obligación de los ciudadanos “desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.”
No es casualidad que sea poco frecuente el uso de jurados en los sistemas de justicia. Hay argumentos razonables en contra de esa institución de justicia popular:
1. Falta de capacitación y experiencia: los miembros del jurado pueden no estar debidamente capacitados para evaluar la evidencia de manera adecuada, sobre todo en casos altamente técnicos (por ejemplo, delitos financieros o fiscales). También, la falta de experiencia puede llevar a respuestas poco razonadas al analizar evidencia de carácter violento o sensible.
2. Sesgos: los miembros del jurado pueden tener predisposiciones personales que influyan en su decisión. Por ejemplo, un jurado puede tener prejuicios raciales o de género que influyan en su decisión.
3. Costo y tiempo: El sistema de jurado puede ser costoso y lento. La selección de los miembros del jurado, el proceso de deliberación y la presentación de pruebas pueden prolongar el juicio y aumentar los costos del proceso judicial. En zonas de alta presencia de grupos armados o criminales, puede ser difícil encontrar a ciudadanos dispuestos a participar en el proceso.
No obstante, hay también buenos argumentos a favor del uso de jurados:
1. Representatividad: el uso de jurados permite una mayor representación de la comunidad en el sistema de justicia. Los jurados están compuestos por ciudadanos que representan la diversidad de la población. Esto significa que el jurado puede estar formado por personas de diferentes orígenes, clases sociales, educación y puntos de vista, lo cual puede moderar los sesgos y prejuicios inherentes.
2. Legitimidad: el uso de un jurado puede aumentar la confianza del público en el sistema de justicia. Si el público siente que un juicio es justo y que el veredicto fue decidido por sus pares, es más probable que respeten la decisión y el sistema de justicia en general.
3. Contrapeso a los operadores del sistema: El sistema de jurado es una forma de protección contra el abuso de poder por parte de los jueces y los fiscales. Dificulta que se construyan veredictos tras bambalinas, en redes de complicidad y cadenas de favores. Puede ser una potente herramienta para garantizar el debido proceso.
No tengo una opinión enteramente formada sobre el tema, pero dada la crisis de legitimidad de nuestro sistema de justicia, tal vez no sería malo empezar a considerar el uso de jurados para algunos delitos y algunas circunscripciones.
Me parece difícil suponer que obtendríamos resultados mucho peores o más injustos que los que se obtienen en el sistema actual.