Llegó la hora del adiós para la Policía Federal (PF). Esta semana, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con los lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la PF a la Guardia Nacional (GN).
En los términos de ese acuerdo, los elementos de la PF pasan a la GN, pero no en automático. Primero, tienen que manifestar su voluntad expresa de integrarse a la nueva corporación y luego someterse a una batería de evaluaciones “conforme a las normas que expida el Consejo de Carrera de la propia Guardia Nacional”.
¿Y si no pasan las evaluaciones? Pues se les enviaría a alguna de las siguientes instituciones: 1) Servicio de Protección Federal (SPF), 2) Prevención y Readaptación Social, 3) Coordinación Nacional Antisecuestro, 4) Coordinación Nacional de Protección Civil, 5) la Autoridad vinculada al ejercicio de atribuciones de supervisión de medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y libertad condicional, 6) Dirección General de Seguridad Privada y 7) alguna otra institución que luego se apunte.
En esto, vale la pena destacar varias cosas: 1) sumadas, todas esas instituciones tienen aproximadamente 19 mil empleados, es decir menos de la mitad de los elementos de la PF, y 2) en ninguna, se contempla la creación de nuevas plazas en el proyecto de presupuesto 2020. Es decir, los policías federales se tendrían que ir con su plaza (la cual ya no podría ser utilizada por la GN) a unas estructuras en las que, por ahora, no caben.
¿Y si un policía federal no quiere integrarse a la GN o no manifiesta esa voluntad en la semana posterior a la emisión del acuerdo? Pues será enviado al SPF, a hacer funciones de guardia de seguridad. Con su plaza, eso sí, porque no se están haciendo las previsiones presupuestales en el SPF para tener vacantes.
Nada de eso pinta muy prometedor para los policías federales. Y muchos están buscando la salida. De acuerdo a notas de prensa publicadas el martes, hasta 15 mil elementos de la PF podrían exigir una indemnización o finiquito. Si se materializa ese escenario, el costo fiscal de esa liquidación masiva podría ser de 8 mil millones. Es posible también que un número nada trivial de policías federales decidan pelear por la vía jurídica, con consecuencias serias. El monto potencial de las indemnizaciones podría ser considerablemente mayor (como consecuencia del pago eventual de salarios caídos).
Esto es una doble tragedia. Primero, significa que la Guardia Nacional va a nacer coja, con un estado de fuerza mucho menor que el anticipado inicialmente, con huecos importantes en áreas altamente técnicas (investigación, inteligencia, etc.) y sin contrapesos internos al poder militar. Segundo, implica un desperdicio gigantesco de capital humano formado por el Estado a lo largo de dos décadas y que va a tomar una generación reconstruir.
Esto sucede además cuando el proyecto de la PF empezaba a mostrar señales de madurez. La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) mostró que 69.3% de los mexicanos tienen mucho o algo de confianza en la PF. En 2012, el número comparable era 51.2%.
Lo peor del asunto es que esta destrucción era perfectamente evitable. Se pudo haber construido a la GN en paralelo a la PF, siguiendo los modelos de Francia, España o Italia. Y ya decidida la fusión, se pudo haber procedido con mucho más oficio, sin una avalancha de insultos, humillaciones y maltratos dirigidos en contra de los policías federales.
Pero no: en un arranque de soberbia aderezada con ignorancia, el gobierno decidió demoler con mazo. Todos pagaremos las consecuencias.
