El viernes pasado, el gobierno federal tomó una decisión de enorme relevancia que, en medio de la crisis sanitaria, pasó casi inadvertida.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció un cambio en las reglas para ejercer los recursos provenientes de dos fondos federales dedicados a la seguridad pública, FASP y Fortaseg.
Va algo de contexto para los no iniciados. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es una bolsa de recursos que se reparte anualmente entre los gobiernos estatales para cubrir lo que se conoce como programas de prioridad nacional, los cuales van desde el desarrollo policial hasta la construcción de capacidades forenses, pasando por el equipamiento tecnológico de las policías (pueden ver aquí la lista: https://bit.ly/3bdowau).
Por su parte, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) es un subsidio que se entrega a un subconjunto de gobiernos municipales (aproximadamente 260) para financiar proyectos de seguridad pública y prevención de la violencia.
Sumados, ambos fondos recibirán este año un poco más de 11 mil millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Pero en esta ocasión, esos recursos no irán a cubrir sus fines tradicionales, al menos no del todo. De acuerdo a la circular emitida el 10 de abril por el titular del SESNSP, Leonel Cota Montaño, los gobiernos estatales y municipales tendrán la facultad de reorientar parte de los recursos del FASP y el Fortaseg para la adquisición de equipo de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) para los elementos de las corporaciones policiales, así como para cubrir sus gastos de operación durante la pandemia.
En específico, se van a ver afectados los programas en materia de formación inicial de policías, acreditación y certificación policial (en específico, el control de confianza), y prevención social de la violencia.
Creo que es correcto que los integrantes de las policías estatales y municipales sean dotados con equipo de protección personal y que cuenten con recursos para la operación en condiciones de emergencia. Esos servidores públicos van a estar en la primera línea de respuesta a la epidemia, casi al parejo del personal de salud. No está de más recordar también que ya van al menos dos casos de policías que han muerto de Covid-19.
El problema es que no haya más recursos que los que se dedican a otras prioridades de seguridad y justicia, que responder a la emergencia signifique cortar el financiamiento para la formación inicial de los policías o limitar los procesos de certificación policial o dejar sin dinero a los programas de prevención social de la violencia.
En materia de seguridad, esta reorientación no es determinante: en términos gruesos, esto involucra un poco menos de 1,600 millones de pesos. Eso equivale aproximadamente a 0.8% del gasto total en seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, esto tiene un significado más amplio. Dada la postura gubernamental de no incrementar la deuda pública, la respuesta a la emergencia se vuelve necesariamente un juego de suma cero. Solo hay mascarillas si se deja de capacitar a los policías. Solo hay guantes si se abandona por un tiempo el control de confianza. Solo hay alimentos para policías si se deja de financiar programas de atención a jóvenes en riesgo.
Lo mismo debe de estar pasando en otros sectores. Para responder a la emergencia, estamos sacrificando el futuro. Y eso, por donde se le mire, es una tragedia.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
