A menudo suponemos que la policía no tiene otra función que perseguir a criminales. Olvidamos que también tiene como tareas la preservación del orden público y la prestación de servicios varios a la población, desde la respuesta a emergencias médicas hasta la resolución de conflictos entre vecinos.
La policía es, a la par de la escuela pública, la primera ventanilla del Estado para buena parte de la ciudadanía. Y en algún sentido, la legitimidad de todo el aparato institucional depende de ella.
Por eso, los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), elaborada por el Inegi, son una mala noticia. Este es un ejercicio estadístico bianual que busca medir la opinión de la población de los grandes centros urbanos del país (con más de 100,000 habitantes) sobre trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades. En términos esquemáticos, es una encuesta de satisfacción con los servicios prestados por diversas instituciones públicas.
Y la policía ―en general, sin distinguir por nivel de gobierno― no sale bien parada en el ejercicio. En un conjunto de 18 servicios públicos, la policía aparece en el lugar 17, apenas por arriba del equipamiento de calles y avenidas. En términos globales, casi la mitad de los habitantes de los grandes núcleos urbanos (48.2%) se declara satisfecha con la calidad de los servicios públicos. El porcentaje comparable para la policía es 25.3%. Y en la tercera parte de las entidades federativas, la proporción de satisfechos no llega a 20%.
Esto es consistente con otros resultados de la ENCIG. Menos de la tercera parte de los encuestados (31.2%) afirmó que la policía contribuye a generar sensación de seguridad. Algo menos de la mitad (46.2%) manifestó que la policía está “dispuesta a ayudar”.
Por otra parte, las llamadas de emergencia a la policía fue el cuarto trámite o solicitud de servicio peor evaluado por la población urbana en un universo de 21 interacciones distintas con las autoridades. Solo salieron peor evaluados los permisos relacionados con la propiedad, los trámites ante el Ministerio Público y los servicios municipales.
Añádase que ninguna otra interacción entre los ciudadanos y el Estado parece producir tanta corrupción. De las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en 2021, 65% afirmó haber sido víctima de un acto de corrupción. Esa prevalencia de corrupción es casi cinco veces mayor a la de los servicios públicos en general.
Ante esto, no es casualidad que la policía genere tanta desconfianza en la población. En un universo de 25 instituciones y actores de la sociedad, la policía aparece en el lugar 24, apenas por encima de los partidos políticos. Poniendo el nivel de confianza en una escala del 0 (nada) al 10 (completamente), la policía saca en promedio un 4, por debajo de diputados y senadores (4.63) y de servidores públicos (5).
Lo peor de todo es que, en la inmensa mayoría de estas métricas, los resultados son muy similares a los obtenidos en el mismo ejercicio dos años antes. Como país, no estamos avanzando en la legitimación de la policía.
Y eso tiene consecuencias serias. Una población que no confía en su policía es una población que no denuncia delitos y no informa sobre lo que ve en la calle. Y una policía que no cuenta con la confianza de la población es una policía que está ciega y es ineficaz. Receta perfecta para la impunidad. Receta perfecta para deslegitimar al Estado en su conjunto.
Cambiar esta realidad tendría que ser una prioridad nacional. Es una tragedia que no lo sea.
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