Zacatecas no deja de dar malas noticias. Hace dos semanas, el general José Silvestre Urzúa , coordinador estatal de la Guardia Nacional , fue asesinado en un inusual enfrentamiento con civiles armados.
Ahora le tocó el turno a un juez. Roberto Elías Martínez , juez de control en el municipio de Río Grande, recibió dos balazos en la cabeza cuando salía de su domicilio en Guadalupe, a poca distancia de la capital del estado.
¿El móvil? No se conoce por ahora. Según fuentes judiciales del estado, no había ningún reporte de amenazas previas a la víctima. Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) afirmó que “hemos estado revisando los asuntos que ha estado atendiendo últimamente para ver si la agresión estuviera relacionado con alguno y no, no encontramos ninguno que nosotros consideremos en este momento que haya podido ser el móvil o la causa de la agresión”.
Sin embargo, el propio Nahle admitió que “ha habido casos en los que jueces han sufrido presión, amenazas, en algunos casos hemos pedido seguridad para ellos”.
En el universo de nuestra violencia, las agresiones letales de jueces son poco frecuentes. En 2020, un juez federal fue asesinado en Colima . De 2001 a 2020, otros cinco jueces y magistrados federales sufrieron el mismo destino.
A nivel estatal, los atentados son algo más frecuentes, pero también son relativamente escasos. En 2019, fueron asesinados un juez, un secretario de juzgado y un exfuncionario del Poder Judicial del Estado de Jalisco . Otros estados han enfrentado incidentes similares, pero de manera relativamente esporádica.
Y eso tiene sentido. La inmensa mayoría de los asuntos penales jamás llega ante un juez. Aproximadamente 85% de las carpetas de investigación del fuero común nunca salen del Ministerio Público . Y eso apenas considera la pequeñísima minoría de los delitos que se denuncia y en los que se abre una carpeta de investigación (menos de 7% del total de los delitos).
En consecuencia, si alguien quiere presionar, cooptar o intimidar al sistema de seguridad y justicia , hay muchos puntos previos a los juzgados donde la violencia o la corrupción puede ser más eficaz (policías, fiscalías).
Por otra parte, los atentados contra jueces, al ser poco frecuentes, suelen atraer mucha atención mediática y forzar una reacción de las autoridades. Así sucedió, por ejemplo, con el asesinato del juez federal Uriel Villegas en Colima en 2020.
Mi impresión es que si alguien decide atacar a un juez ―es decir, realizar un acto que inevitablemente va a poner los reflectores en la plaza― lo hace con la convicción de total impunidad. Y creo que, en el caso de Zacatecas , no se equivocaría. Es un estado donde los asesinatos de policías son casi cosa de todos los días, donde el coordinador estatal de la Guardia Nacional tiene que atender directamente un operativo de poca monta, perseguir personalmente a un pistolero y acabar muerto en la balacera.
Eso sin mencionar las 1,448 víctimas de homicidio doloso y feminicidio que se acumularon entre enero y octubre de este año.
No es exagerado decir que Zacatecas es el epicentro de la impunidad nacional, el estado donde todo pasa y nada tiene consecuencias. Y la respuesta del gobierno federal a esa crisis ha sido mandar y mandar soldados y guardias nacionales a hacer rondines de escasa (o nula) utilidad.
En esa trayectoria y con esa absoluta falta de imaginación , no hay nada que indique que la situación va a mejorar en el corto plazo.
Twitter: @ahope71
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