La semana pasada, en medio del debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una afirmación notable durante una de sus conferencias mañaneras:

“¿Por qué no contar, en vez de 115 mil elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400 mil más del Ejército y de la Marina? Estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional de elementos para garantizar la seguridad pública.”

Hay varias razones para no contar con 500 mil elementos militares realizando labores de seguridad pública, pero una es particularmente importante: no existe en México tal número de soldados y marinos.

¿La fuente de esa afirmación? La propia Presidencia de la República. En el anexo estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, se señala en la página 87, en un cuadro titulado “Recursos humanos y profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas”, que la Sedena tenía 219,499 elementos a junio de 2022. Por su parte, la Semar tenía a misma fecha 71,459 integrantes. Es decir, las Fuerzas Armadas tenían a 290,958 elementos, incluyendo a personal de salud, personal administrativo, personal de intendencia, etc.

¿Y la Guardia Nacional? Para conocer su tamaño, hay que recurrir a la página 83 del mismo anexo, donde se puede consultar el cuadro titulado “Recursos humanos en seguridad pública”. Y allí se puede observar que la Guardia Nacional tenía 37,478 elementos a junio de 2022.

Entonces, ¿de dónde saca el presidente que la Guardia Nacional tiene 115,000 elementos? Pues lo que hay es un préstamo de personal de la Semar y (sobre todo) la Sedena a la nueva corporación. Pero lo que se suma a la GN se le resta a las Fuerzas Armadas por simple aritmética. No hay aquí una milagrosa multiplicación de soldados y marinos.

En resumen, sumando Sedena, Semar y Guardia Nacional, se llega a un total de 328,436 elementos, un poco lejos del medio millón imaginado por el presidente.

Es bien conocido que el presidente tiene una relación complicada con la verdad y que a menudo existen amplias brechas entre lo que dice y lo que es. Pero me parece que, en este caso, hay un error sincero. Creo que, en efecto, el Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas de México no tiene la más peregrina idea del tamaño aproximado de las fuerzas armadas que comanda.

Y si, a cuatro años de iniciado su mandato, no conoce ese dato absolutamente básico, es de suponerse que no se mete mucho a entender cuáles son las capacidades reales y los recursos disponibles de las Fuerzas Armadas. Simplemente confía en lo que le digan el almirante Ojeda y el general Sandoval (sobre todo, este último).

Por donde se mire, ese es un problema. El país ha estado avanzando en el camino de la militarización absolutamente a ciegas, sin más información en el entorno presidencial que la que proviene de Sedena y Semar. No hay en la administración obradorista un foro o un mecanismo que sirva de contrapeso al estamento militar.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tiene un peso político muy disminuido y rara vez se atreve a confrontar a sus pares de la Sedena o la Semar. Por otra parte, la Oficina de la Presidencia, incluyendo la coordinación de asesores del presidente, tiene poco peso en las decisiones.

En esas circunstancias, se entiende que las Fuerzas Armadas quieran extender su poder, presupuesto y facultades hasta donde alcance. Difícilmente van a volver a tener un mejor entorno para la expansión burocrática.

Pero el costo de la ceguera voluntaria lo carga el país.

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