El lunes, discutí en este espacio las pobres razones esgrimidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reubicar administrativamente a la Guardia Nacional (GN) en la Sedena, incluso a contrapelo del marco constitucional.
No es cierto que no se pueda blindar a la Guardia Nacional (GN) contra la corrupción presente o futura sin adscribirla a la Sedena. No es cierto que (actualmente) sea práctica común en países extranjeros la ubicación de cuerpos intermedios en ministerios de defensa. No es cierto que haya un clamor popular a favor del reajuste burocrático propuesto: de hecho, según los propios datos presentados por el presidente, la GN ya tiene un amplio respaldo social sin estar en la SEDENA.
No sé si el presidente se trague su propia propaganda. Pero dudo que los altos mandos militares hagan lo propio. Mi sospecha es que las razones del inminente cambio --los legisladores de la coalición gobernante ya se preparan para aprobar sin dilación ni preguntas lo que venga de Palacio Nacional-- van por otro lado.
Mi sospecha (informada) es que los jerarcas militares reconocen la fragilidad del arreglo institucional que rige a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (y otras áreas), quieren una solución antes de que cambien los vientos políticos. Con toda probabilidad, se lo han hecho saber a López Obrador.
Hay que entender que la Guardia Nacional es una enorme simulación. Supuestamente se encuentra bajo el mando de la SSPC, pero es para todo fin práctico una extensión de las Fuerzas Armadas.
Pero el arreglo es vulnerable. En un nuevo entorno político, el alto mando militar podría verse obligado a escoger entre las Fuerzas Armadas y la GN. Actualmente, la Ley de la Guardia Nacional establece como requisito de ingreso “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen”.
Las actuales autoridades han resuelto ese expediente mediante simple adscripción: la mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Semar y se van de préstamo a la nueva corporación. Es un engaño gigante.
Para cerrarlo, bastaría con sustituir “separación funcional” con “licencia definitiva” (o algo similar). Pero eso implicaría a las secretarías militares, sobre todo a la Sedena, perder una parte considerable de su personal y presupuesto. Eso, o retirar a los elementos y matar a la GN.
Además, la persistencia del actual arreglo institucional --en el que decenas de miles de personas cobran en una dependencia en la que supuestamente no trabajan y miles de millones de pesos de equipo e instalaciones están inventariados en una secretaria y resguardados en otra-- podría poner en riesgo legal a los actuales jefes militares. Con toda probabilidad, quieren evitarse ese mal trago en 2024, dando al asunto una pátina de legalidad (ahora el “préstamo” sería de Sedena a Sedena).
Por su parte, el presidente ve en las Fuerzas Armadas un garante de su legado. Así lo ha mencionado en varios momentos. Y para solidificar esa alianza, está dispuesto a gastar capital político para satisfacer una demanda de los generales.
Idealmente, preferiría hacerlo mediante una reforma constitucional, pero si esa vía está vedada por la resistencia de la oposición, va a ir por un golpe de mano (con legislación secundaria como mazo), confiando en la lentitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la falta de espina dorsal de algunos de sus integrantes.
Que eso tienda un enorme punto de interrogación sobre la GN y cree condiciones para un futuro conflicto civil-militar no le ha de quitar el sueño. El presidente ya va a haber cumplido su parte del arreglo.