Hace dos días, los estados de Jalisco y Guanajuato vivieron unas escenas de horror. Tras un intento frustrado de capturar a dos presuntos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , unos grupos de pistoleros se desplegaron por varias ciudades, provocando caos a su paso. Robaron y quemaron vehículos particulares y autobuses de transporte público, bloquearon carreteras y vialidades principales, e incendiaron varios negocios.
En total, se acumularon algo más de 40 ataques en poco más de tres horas.
¿Se trata de un hecho sin precedentes? Pues no del todo. El CJNG ha estado involucrado en este tipo de acciones en varias ocasiones. En 2012, ese grupo realizó bloqueos con vehículos robados e incendiados en 22 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños. En 2015, levantaron bloqueos en 39 puntos de Jalisco e incluso derribaron un helicóptero del Ejército.
Los incendios deliberados de negocios no son tampoco algo inusitado. En mayo de 2021, pistoleros del CJNG quemaron una tienda Coppel y una Bodega Aurrerá en Michoacán, como parte de una cadena de bloqueos.
Este recuento sirve para poner en contexto (sin minimizar) lo ocurrido esta semana en Jalisco y Guanajuato. Este tipo de acciones se repiten con frecuencia en muchas partes del territorio porque no requieren mayor esfuerzo o despliegue de recursos por parte de un grupo: en una vialidad, unos cuantos tipos armados detienen unos coches o camiones, bajan a los conductores y prenden fuego a los vehículos. Todo el procedimiento no toma más de un minuto. Lo mismo pasa con el incendio provocado en un negocio. Y lo pueden repetir varias veces en poco tiempo.
¿Cuál es la lógica de este tipo de atentados? Los delincuentes que los realizan probablemente persiguen tres objetivos (no mutuamente excluyentes): 1) dificultar el movimiento de las fuerzas de seguridad cuando hay un operativo o enfrentamiento en curso, 2) distraer personal de las policías o de las fuerzas armadas de donde se ubica la acción principal (el operativo de captura, el enfrentamiento, etc.), o 3) tomar represalia en contra de la autoridad, mostrándola incapaz frente a la ciudadanía.
Esas acciones son una pesadilla para las autoridades: es imposible proteger todas las vialidades o todos los negocios todo el tiempo, el elemento sorpresa juega siempre a favor de los delincuentes y unos cuantos bloqueos bien ubicados pueden tener efectos devastadores.
Sin embargo, tienen un punto débil: el éxito de la maniobra depende de que las vialidades no sean liberadas en poco tiempo y los incendios no sean apagados prontamente. Si la autoridad puede garantizar que las barricadas serán desmontadas en un tiempo relativamente corto (y los fuegos serán contenidos en mismo plazo), no tiene sentido para los grupos criminales arriesgar personal en algo que no va generar más que molestias leves.
Eso sucedió en la zona metropolitana de Monterrey hace poco más de una década. Las autoridades neolonesas crearon en 2011 unos llamados “grupos antibloqueos”, compuestos por efectivos de diversas corporaciones y cuya misión era liberar con grúas las vialidades bloqueadas
Al comprometerse a liberar rápidamente las vialidades y avalar ese compromiso con recursos suficientes, los bloqueos perdieron atractivo para los delincuentes. Y acabaron desapareciendo del mapa en esa región del país.
Eso es una lección importante: los ataques de esta semana son muestra de desorganización de las autoridades, no de poderío descomunal de los criminales (al fin y al cabo, están atacando Oxxos , no bases militares). Hay además experiencias exitosas de atención a estos problemas.
Es cuestión de recuperarlas.
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