Érase que era un presidente municipal que se enteró que existía un subsidio federal para programas de seguridad. Y resulta que uno de sus brillantes asesores le dijo que sería buena idea crear un observatorio ciudadano. Esto le pareció magnífica idea al señor alcalde y procedió a solicitar el recurso. Apenas llegó, lo uso para comprar un telescopio. Para el observatorio, claro está.
Esta historia es probablemente apócrifa, aunque la he escuchado de dos personas distintas que juran haber tenido conocimiento directo del asunto. De cualquier forma, ejemplifica un problema bien conocido y documentado: una parte de las aportaciones y los subsidios federales que llegan a los estados y municipios acaba financiando proyectos con poca evidencia de eficacia (por decirlo con cortesía).
Esto incluye cosas como la compra o licenciamiento de tecnología mal adaptada a las necesidades de los municipios, la organización de talleres o seminarios de dudoso valor o el financiamiento de proyectos de prevención del delito sin teoría de impacto o indicadores de avance. Y eso es cuando se gasta: el subejercicio de esos fondos puede ser considerable en algunos municipios. Eso sin hablar aún los desvíos, los sobreprecios, las adquisiciones a modo, y las muchas otras formas de corrupción que desfiguran el gasto público en México.
Indudablemente, es necesario reformar las aportaciones y subsidios federales que, en materia de seguridad y justicia, van a los gobiernos estatales y municipales. Eso implica revisar las fórmulas de asignación de recursos, las prioridades programáticas y los mecanismos de control. Hay mucho que se puede y se debe hacer.
Pero una cosa es reformar y otra es destruir. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, se propone la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), un subsidio que le llega a un poco menos de 300 municipios en todo el país y conocido como Subsemun hasta hace algunos años. No es una cantidad particularmente grande de recursos: en 2020, se le asignaron 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, para varios municipios medianos a grandes, el Fortaseg es un elemento crucial de sus finanzas públicas. Gracias a esos recursos, se financian, por ejemplo, las pruebas de control de confianza de los policías. O su formación inicial. O su equipamiento básico, como las botas, los uniformes o los chalecos antibalas. Sin ese apoyo, buena parte de las corporaciones municipales del país pasarían de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, por usar la terminología de moda.
Y para rematar, se omitió por segundo año consecutivo incluir en la propuesta de presupuesto un cambio a las reglas de otro fondo, conocido como Fortamun (mucho más grande que el Fortaseg). Hace poco más de un año, se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que, como parte del llamado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el porcentaje de recursos del Fortamun dirigidos a la seguridad pasase de 20% a 50%. Ese cambio no se incluyó en el presupuesto 2020 y parece que tampoco se va a incorporar al presupuesto 2021 (aunque los gobiernos municipales podrían de motu propio incrementar el porcentaje correspondiente).
El año que se viene, entonces, pinta muy mal para las policías municipales. Sin Fortaseg, sin cambios en Fortamun y sin una reforma fiscal en el horizonte, las restricciones presupuestales van a ser enormes. Y eso va a acabar en el corto plazo con la idea de construir la seguridad desde lo local.
Entonces, como humilde sugerencia, reformen todo lo que tengan que reformar de los programas de subsidio, pero no maten en el proceso a las policías municipales.
@ahope71
