Casi al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente:
“Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos”.
No ha vuelto a hacer una declaración tan categórica desde entonces, pero es casi seguro que sigue pensando que el país no enfrenta amenazas externas y que, por tanto, las Fuerzas Armadas no necesitan concentrarse en la defensa nacional. Ese es sin duda uno de los motores detrás del uso de los militares para funciones civiles.
En ese tema, el presidente no está alejado del consenso nacional. De hecho, ha sido una constante de nuestra política de defensa desde hace casi ocho décadas suponer que ninguna potencia extranjera va a utilizar fuerza militar en territorio nacional.
Es hora de retar esos supuestos.
Durante su presidencia, Donald Trump caviló la posibilidad de usar a las fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano para “cazar a los carteles”. Eventualmente, sus asesores lo contuvieron, pero el tema estuvo en la mesa.
Se puede alegar que Trump es una colección interminable de ideas raras. Pero el posible recurso unilateral a alternativas militares para atacar el narcotráfico en México no es una noción excéntrica entre la derecha estadounidense.
El pasado viernes, William Barr, fiscal general de los Estados Unidos en dos gobiernos republicanos, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que afirma que “Estados Unidos ya no puede tolerar a cárteles narcoterroristas” y que esas organizaciones criminales son responsables de más de 100 mil muertes por sobredosis al año.
Esto sucede, según afirma, porque los diversos gobiernos mexicanos no han querido confrontar a estos grupos (exceptúa de esa condena al gobierno de Felipe Calderón, algo irónico dado que Barr presidía el Departamento de Justicia al momento de la captura de Genaro García Luna). Sobre el actual gobierno mexicano, afirma que el presidente López Obrador es el “principal facilitador de los carteles”.
Además, según Barr, el problema no solo es de voluntad, sino de capacidades. Aun si hubiese la voluntad de perseguir a los cárteles, las instituciones mexicanas estarían imposibilitadas para hacerlo debido a la “corrupción masiva” y al hecho de que estos grupos se han convertido en “potentes fuerzas paramilitares”.
La conclusión es que Estados Unidos debe confrontar con recursos militares a estos grupos en territorio mexicano, con o sin la anuencia del gobierno de México.
Esto no es una simple opinión académica. Hace dos meses, los congresistas republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) presentaron una iniciativa de resolución para autorizar legalmente el uso de la fuerza militar estadounidense en México, en términos similares a los descritos por Barr.
En mi opinión, el diagnóstico de los republicanos sobre México y el narcotráfico está equivocado y la solución propuesta implicaría una catástrofe para los dos países (ampliaré esa discusión el miércoles).
Pero el punto es que se está normalizando en EU la discusión sobre una intervención militar unilateral en México. Y en ciertas circunstancias, ese debate puede pasar al terreno de los hechos.
En ese contexto, no podemos seguir dedicando a las Fuerzas Armadas a la construcción de trenes o la administración de aerolíneas. Guste o no, el país enfrenta una amenaza existencial. Ese debe ser el norte de nuestra política de defensa y seguridad nacional.
Cualquier otra cosa es irresponsabilidad suprema.