Hace algunos meses advertí en este espacio que la reforma constitucional para reubicar administrativamente a la Guardia Nacional (GN) en la Sedena enfrentaba un camino empinado.
No me equivoqué. El gobierno parece compartir la convicción de que no alcanzará una mayoría calificada para transformar el texto constitucional en la materia. Ha empezado por tanto a explorar alternativas.
En la mañanera del lunes, el presidente López Obrador anunció que “por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa.”
La tormenta en medios y redes sociales que siguió a su anuncio probablemente convenció al primer círculo presidencial de que cambiar una disposición constitucional por la vía de una medida administrativa era tal vez un exceso.
Para el martes, el presidente había cambiado de carril. Ahora anunció que “como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y podemos con eso modificar leyes.”
Entonces el cambio no se haría por la vía de un acuerdo, sino mediante una reforma legal. ¿Cuál? El presidente no parecía tener mucha claridad sobre el tema: “Vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma a la ley y al mismo tiempo, ya lo expliqué, vamos a presentar la reforma constitucional, las dos cosas.”
Esto ya suena a desesperación. A sabiendas de que no cuenta con una mayoría calificada en el Congreso, anunció que irá por alguna reforma legal no definida y probablemente de constitucionalidad debatible, pero que pudiese eventualmente sobrevivir en la Suprema Corte. No suena muy alentador para su causa.
Y eso abre una pregunta de fondo: ¿por qué la urgencia? ¿por qué la disposición a hacer algo, lo que sea, para trasladar la GN a la Sedena?
Creo que hay una lógica transaccional detrás de esto.
El alto mando militar reconoce la fragilidad del arreglo institucional que rige a la GN. Se trata, por decirlo de manera suave, de una enorme simulación. Supuestamente se encuentra bajo el mando de la SSPC, pero es para todo fin práctico una extensión de las Fuerzas Armadas.
Pero en un nuevo entorno político, los militares podrían verse obligados a escoger entre las Fuerzas Armadas y la GN. Actualmente, el artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional establece como requisito de ingreso “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen”.
Las actuales autoridades han resuelto ese tema mediante un expediente de comisión o asignación: la mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Semar y se van de préstamo a la nueva corporación.
Pero bastaría con sustituir “separación funcional” con “licencia definitiva” para crear un dilema grave. Las dos secretarías militares, sobre todo la Sedena, estarían obligadas a perder una parte considerable de su personal y presupuesto o bien retirar los oficios de comisión y matar a la GN.
En conclusión, es muy posible que el alto mando militar quiera cimentar el actual arreglo institucional antes de que cambien los equilibrios políticos.
Por su parte, el presidente López Obrador ve en las Fuerzas Armadas un garante de su legado. Así lo reiteró en la mañanera de ayer.
Y para solidificar esa alianza, está dispuesto a gastar capital político para satisfacer una demanda de los generales. Como mínimo, tiene que transmitir el mensaje de que hizo la lucha, así sea al costo de una derrota legislativa y judicial.
O varias.
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