El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un tono triunfalista en sus declaraciones públicas posteriores a las elecciones. En privado, su evaluación de los resultados electorales parece más cautelosa.
De acuerdo a una nota publicada por mi colega Mario Maldonado, el presidente habría dicho ayer en una reunión con un grupo selecto de empresarios que solo planea impulsar tres reformas importantes más.
Según Maldonado , esa agenda incluiría una reforma para que “la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Esto suena extraño. En la propuesta original de creación de la Guardia Nacional (GN), esta se ubicaría administrativamente en la Sedena . Para enero de 2019, ante un aluvión de críticas, el gobierno cambió la propuesta y decidió que la nueva corporación dependería formalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ).
Ese repliegue sucedió en el ápice del poder de López Obrador. Su administración iba apenas iniciando, su gobierno contaba con mayorías amplias en ambas cámaras del Congreso , y la aprobación a su gestión andaba sobre 80%. Aún en esas circunstancias particularmente favorables, no se atrevió a forzar el tema.
Tres años después, con una imagen presidencial desgastada y una aritmética legislativa más compleja, las probabilidades de éxito de una propuesta de esa naturaleza parecen escasas.
Eso lo sabe el presidente ¿Por qué entonces traer de vuelta el tema? Solo se me ocurre una posibilidad: los altos mandos militares reconocen la fragilidad del arreglo institucional que rige a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, quieren una solución antes de que cambien los vientos políticos, y se lo han hecho saber a López Obrador.
Como se ha comentado varias veces en esta columna, la Guardia Nacional es una enorme simulación. Supuestamente se encuentra bajo el mando de la SSPC, pero es para todo fin práctico una extensión de las Fuerzas Armadas en una dependencia civil.
Esa ficción es funcional en el actual contexto político: se puede presumir de la existencia de una corporación de decenas de miles de integrantes, sin que esta tenga la molestia de reclutar o formar a uno solo.
Pero el arreglo es frágil. En un nuevo entorno político, el alto mando militar podría verse obligado a escoger entre las Fuerzas Armadas y la GN. Actualmente, el artículo 25, de la Ley de la Guardia Nacional establece como requisito de ingreso “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen”. Pero no está muy claro qué es “separación funcional”.
Las actuales autoridades han resuelto ese expediente mediante oficios de comisión: la mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Semar y se van de préstamo a la nueva corporación. Es una simulación gigante. Para cerrarla, bastaría con sustituir “separación funcional” con “licencia definitiva” (o alguna fórmula similar). Pero eso implicaría a las dos secretarías militares, sobre todo a la Sedena, perder una parte considerable de su personal y presupuesto. Eso, o retirar los oficios de comisión y matar a la GN.
Además, se vence en marzo de 2024 el periodo en el que el presidente puede disponer directamente de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Es muy posible que, de la mano de una posible reforma a la GN, viniera un intento de extender ese plazo.
En conclusión, es muy posible que el alto mando militar quiera cimentar el actual arreglo antes de que cambien los equilibrios políticos . Y el presidente López Obrador probablemente esté dispuesto a gastar capital político para preservar una alianza que considera indispensable.
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