A estas alturas, ya todo mundo ha visto o escuchado de la denuncia pública de Julio Scherer, exconsejero jurídico de Presidencia, en contra del fiscal Alejandro Gertz y la senadora Olga Sánchez Cordero.
La carta es larga y contiene múltiples aseveraciones concretas sobre varios casos. Pero hay una en particular que no ha generado mucho revuelo, pero que me parece sumamente interesante. Va la cita in extenso:
“Fue el presidente quien me enteró que Antonio Collado –a través de Sánchez Cordero– ofrecía el 25% de los recursos que su hermano Juan tenía congelados en Andorra (90 millones de euros) para entregarlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como parte de un acuerdo reparatorio.
El presidente rechazó la propuesta pero Sánchez Cordero intermedió con una nueva propuesta: poner a su disposición la trama completa de los llamados “videoescándalos” con los que personajes cercanos a Collado intentaron desprestigiarlo en la época en que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Cuando el presidente me consultó esas dos ofertas, llevadas a la mesa por Olga Sánchez, le comenté que no debería aceptarlo por dos razones: que los videos no estaban relacionados con los delitos imputados a Collado y que difícilmente los recursos congelados en Andorra pertenecían exclusivamente al abogado.”
Si lo mencionado por Scherer es verdad (o se parece a la verdad), estaríamos ante una situación muy extraña: ¿Por qué altos funcionarios del gobierno consultaron al presidente López Obrador sobre el otorgamiento de un posible criterio de oportunidad a un inculpado y los términos de un acuerdo reparatorio?
Estoy seguro que tanto Scherer como Sánchez Cordero —ambos destacadísimos juristas— saben que el presidente de la república no tiene facultad en la materia. En todo caso, como agraviado, se tendría que haber hecho la consulta con el Servicio de Administración Tributaria o con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (al tratarse de un asunto de presunta defraudación fiscal).
Y, en última instancia, el asunto tendría que ser resuelto por la Fiscalía General de la República, un órgano presuntamente autónomo. Pero, por lo visto, una cosa es lo que se supone que es y otra cosa es lo que es en los hechos. Lo que aquí revela Scherer (de nuevo, si es verdad o se parece a la verdad lo que dice) es que hay casos judiciales que se negocian en instancias ajenas a la Fiscalía y con criterios políticos.
Dicho de otro modo, la supuesta autonomía de la Fiscalía es una pantomima, al menos en casos políticamente relevantes. Esto ciertamente no es sorpresa, pero no deja de incomodar que se exprese ese hecho con tamaño desparpajo.
Y se abren varias preguntas: ¿en qué otros casos se involucró el presidente de la República? ¿En el de Emilio Lozoya, por ejemplo? ¿En el del general Salvador Cienfuegos? ¿En el de Rosario Robles? ¿También en esos u otros asuntos le consultaron sobre decisiones de estrategia procesal?
Esto no es un asunto menor. En la reforma constitucional aprobada en 2014, se le confirió autonomía a la FGR para que, entre otras cosas, la procuración de justicia dejase de ser un instrumento de control político, diseñado para perseguir a los enemigos y premiar a los aliados del gobierno en turno.
Las revelaciones de Scherer parecen mostrar que la reforma no logró su cometido y que seguimos viviendo a la sombra de la vieja PGR, con nuevas siglas, pero con las mismas prácticas.
Es una desgracia.
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