La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Yucatán y declaró lo siguiente: “Yucatán es un estado seguro donde no hay violencia ni inseguridad, es un ejemplo seguir”.
El presidente tiene razón: en el panorama nacional de violencia, Yucatán es una excepción notable. En 2018, según datos del Inegi, la tasa de homicidio en esa entidad federativa fue 3 por 100 mil habitantes, casi diez veces menos que la tasa nacional y en un rango de país europeo. Si el país tuviese la tasa de homicidio de Yucatán, nos hubiésemos ahorrado 32,214 asesinatos en 2018.
No se trata de un asunto coyuntural: entre 1990 y 2018, fueron asesinadas en Yucatán solo 1374 personas. Para ponerlo en perspectiva, Morelos, con una población similar, tuvo más homicidios en los últimos dos años que los registrados en Yucatán desde 1990.
La excepcionalidad no se limita al homicidio. La tasa de victimización de Yucatán, medida en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, fue la sexta más baja del país, pero con una peculiaridad: el delito más común en el estado (y por mucho) fue el fraude.
No sorprende por tanto que la percepción de seguridad en Yucatán sea muy distinta a la del resto del país. En 2018, según datos de la Envipe, 67% de los yucatecos se sentían seguros en su estado, 30 puntos por encima de la segunda entidad federativa con la mayor percepción de seguridad (Aguascalientes) y 48 puntos por encima del promedio nacional.
¿Por qué Yucatán ha logrado escapar de la oleada de violencia que ha envuelto al resto del país? No lo sé con certeza, pero van algunas hipótesis:
1. Geografía: Yucatán es un estado compacto y de orografía fundamentalmente plana. Comparado con otras entidades federativas, es relativamente sencillo hacer sentir la presencia del estado en casi todo el territorio estatal. Además, debido a su aislamiento peninsular, no se encuentra directamente en la ruta de tráfico de drogas o migrantes.
2. Demografía: Yucatán es un estado relativamente poco urbanizado. Sólo cinco municipios tienen más de 50 mil habitantes (Mérida, Kanasín, Progreso, Tizimín y Valladolid). Por otra parte, no ha sido receptor de grandes flujos migratorios. En particular, no ha visto la llegada de grandes contingentes de hombres jóvenes, a la manera de Quintana Roo. En ese sentido, sus estructuras sociales tradicionales se han mantenido estables.
3. Continuidad institucional: el actual secretario de seguridad pública del estado, Luis Saidén Ojeda, ha estado en el cargo desde 2007, además de ocupar el puesto entre 1995 y 2003. Más allá de las características del personaje, un paso tan largo por una corporación permite dar continuidad a los procesos de construcción institucional.
4. Equilibrio autosostenible: según un estudio de la organización Impunidad Cero, Yucatán registró una impunidad en materia de homicidio doloso en 2017 de -4%. Es decir, hubo más sentencias condenatorias que víctimas (porque se atendieron casos de años anteriores o porque en algunos homicidios hubo más de un perpetrador). Eso significa que Yucatán puede estar en un equilibrio autosostenible. Como hay pocos homicidios, la autoridad puede atenderlos adecuadamente y como hay poca impunidad, hay pocos homicidios. En ausencia de una disrupción externa, ese equilibrio puede continuar indefinidamente.
Cualquiera que sea la explicación, el país haría bien en estudiar a fondo el caso yucateco. Tal vez haya allí condiciones irrepetibles, pero quizás haya también enseñanzas institucionales que las autoridades federales y de otros estados podrían adoptar.
México debe buscar parecerse a Yucatán.
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