En México se delinque mucho, se denuncia poco, se investiga menos y casi no se sanciona. Eso lo sabemos por muchas fuentes, pero una crucial es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), elaborada todos los años por el Inegi.

Ayer, se hizo pública la versión 2022 de ese estudio. Y la nota central es la notable y desesperante estabilidad de las cifras.

Antes de entrar en materia, valga un recordatorio metodológico: la Envipe es una encuesta realizada entre un grupo enorme y representativo de hogares mexicanos —en esta ocasión, 102,093 viviendas— que provee información sobre dos grandes temas (y diversos subtemas): la victimización y la percepción sobre la seguridad pública. En el primer caso, los datos son representativos de la experiencia de los entrevistados en el año anterior a la encuesta (2021 en este caso), mientras que los indicadores de percepción son representativos del estado de ánimo en el año en curso.

En esta ocasión, la Envipe muestra que 22 millones de mexicanos fueron víctimas de al menos un delito en 2021. Ese total no es muy distinto al registrado en las 10 encuestas previas (el número se ha movido entre 21 y 25 millones de víctimas desde 2012). En términos de tasa, la victimización se ubicó un poco arriba de 2020 (algo esperable dada la gradual recuperación de la movilidad tras los peores meses de la pandemia) y aún debajo de los niveles de 2019. Pero, de fondo, no hay mucha variación en una década: entre 2012 y 2021, la tasa de victimización se redujo apenas 11% (incluyendo la caída como consecuencia de la pandemia).

Algo similar sucede con los delitos. En 2021, se estima que se cometieron 28 millones de delitos predatorios, un número muy similar al de hace una década y no muy por abajo del pico de 2017 (33 millones). Y en términos de tasa, la caída a lo largo de un decenio que incluyo el monumental trastorno de la pandemia fue de 12.3%.

La llamada cifra negra —el porcentaje de delitos no denunciados o denunciados sin apertura de carpeta de investigación — fue 93.2%, un resultado muy similar al de 2020. De hecho, en el periodo de 2012 a 2021, el número solo varió entre 92.1 y 93.7%. En diez años, el país no ha podido incrementar significativamente el número de denuncias.

La probabilidad de sanción tampoco cambió mayormente. De los delitos que sí se denunciaron y en los que sí se abrió una carpeta de investigación (1.9 millones), el asunto se resolvió con la puesta a disposición de un presunto delincuente ante un juez solo en 4.8% de los casos. Eso equivale a 91,718 delitos (0.32% del total).

Sobre la percepción de inseguridad, no hay una modificación significativa en 2022 con respecto a 2021. Aproximadamente, dos terceras partes de la población adulta se siente insegura en su municipio. Son números muy similares a los registrados hace una década, aunque por debajo de los picos alcanzados entre 2018 y 2020.

Sobre la confianza en las autoridades, se registró una ligera disminución con respecto a 2021, pero se mantuvo igual el ordenamiento (primero la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, en ese orden). En la última década, las mejoras más significativas en términos de confianza se han dado con las policías municipales, pero tampoco hay un cambio radical.

Lo que dejan estos datos es la persistencia de los problemas de seguridad y justicia. Seguimos sin encontrar la fórmula para que los delitos se denuncien, se investiguen y se sancionen en un número mucho mayor al actual. En consecuencia, seguimos nadando en un océano de delito e inseguridad.

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