Hace unos días, al discutir las razones para oponerse a la iniciativa para trasladar el control de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, apunté que esta “no modifica la disposición (contenida en un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2019) que autorizó al presidente a usar la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública durante un periodo de cinco años, el cual vence en marzo de 2024.”
Eso es un menudo problema, ya que el célebre artículo quinto transitorio es la base constitucional para la participación militar directa en labores de seguridad pública. Pasada la fecha fatal, regresaríamos a la situación existente en sexenios anteriores, con el Ejército y la Marina operando al filo de la legalidad y colgados frágilmente de jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación. O irían de regreso en los cuarteles, tal como era la intención de los legisladores que aprobaron la norma en cuestión.
Este segundo escenario no gusta nada en la Sedena. Al vencer el transitorio, se perdería la posibilidad de hacer lo que se ha hecho hasta ahora, mover indistintamente elementos de la GN al Ejército y viceversa, y ponerlos a operar en impecable promiscuidad, según las necesidades del servicio y la disponibilidad de personal. Pero pasada la fecha límite del transitorio, tendrían que empezar a optar entre tener Ejército o tener GN (sin importar su ubicación administrativa).
Esa disyuntiva no le gusta al alto mando militar ni al presidente López Obrador, el cual ha manifestado en varias ocasiones su deseo de extender el plazo del transitorio.
Pues resulta que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados le quiere dar gusto. La diputada Yolanda de la Torre presentó el viernes pasado una iniciativa para modificar el quinto transitorio y extender por cuatro años más el periodo de participación directa de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.
¿Las razones de esta propuesta? 1) Se vive “un clima de violencia en diversas regiones y entidades del país”; 2) la población confía en las Fuerzas Armadas; y 3) cinco años no son suficientes “para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron
para la Guardia Nacional”. No hay más.
Por donde se mire, esta no es una iniciativa seria. No hay ningún tipo de reflexión sobre el cumplimiento del artículo quinto transitorio (ni mención al hecho de que la intervención militar en tareas de seguridad pública tenía que haber sido “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”). Ni siquiera se aborda el acuerdo presidencial (publicado en mayo de 2020) que pretendió regular los términos del artículo transitorio, ni mucho menos la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra ese acuerdo (aún sin resolverse en la SCJN).
No hay tampoco algún intento de diagnóstico de la Guardia Nacional o de las policías estatales o municipales, ni explicación del plazo solicitado ¿Por qué extender la duración del transitorio cuatro años más y no diez o quince?
Reitero: esto es una vacilada. Pero no es un acto inocente. Parece evidente que hay detrás una negociación del gobierno con algunos liderazgos claves del PRI. ¿Cuáles son los términos específicos del arreglo? Lo ignoro, pero me imagino que una tregua en el acoso a Alejandro Moreno forma parte del trato.
El gobierno tiene un doble premio: 1) poner presión en la bancada del PRI en el Senado y eventualmente lograr la extensión del transitorio y 2) generar tensión y tal vez ruptura en la alianza PAN-PRI-PRD.
No parece una mala jugada política, pero nadie debe confundirse: esto no tiene nada que ver con la seguridad de la población.
alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71
