La fotografía parece sacada de una narcoserie: dos marinos embozados y fuertemente armados resguardan una cantidad enorme de droga decomisada. Pero si uno se fija atentamente en los detalles, se revela un hecho inusual: las cajas que cuidan los marinos contienen, no heroína o cocaína o metanfetaminas, sino cigarros de vulgar tabaco.
La imagen es ya de hace algunos años, pero podría ser de estos días. A finales de junio, el gobierno federal realizó un decomiso enorme de tabaco. De acuerdo con el comunicado oficial, se incautaron “367 cajas con 600 cajetillas de 20 cigarros cada una, marca Económico; 58 cajas con 600 cajetillas de 20 cigarros cada una, marca Studio 54; y 18.9 toneladas de tabaco a granel.” Según la autoridad fiscal, ese producto tenía un valor de 30 millones y significó “un duro golpe a las operaciones del crimen organizado”.
¿Crimen organizado? ¿En tabaco? ¿Pues no se trata de una sustancia legal y que se comercia amplia y libremente? Sí, pero se trata también de un producto altamente regulado y con una carga fiscal enorme. En una cajetilla vendida en el mercado lícito, los impuestos constituyen aproximadamente 60% del precio que paga el consumidor.
Existe por tanto un incentivo a eludir la regulación y evadir los impuestos correspondientes. Eso se puede hacer de muchas maneras: la más común es la importación ilegal desde países como China, Paraguay o Ucrania, y su posterior distribución al menudeo a través de pequeños comercios y puestos callejeros.
Entonces, la solución parece muy sencilla a primera vista: basta con reducir los impuestos y la carga regulatoria de los cigarros legales para eliminar la ventaja que tiene el producto ilegal. Pero eso significa una disminución de los precios de los cigarros y eso inevitablemente lleva a más consumo.
Tener cigarros más baratos lleva a más personas fumando (y fumando más). Eso tiene todo género de implicaciones negativas para la salud pública.
Entonces estamos aquí ante una disyuntiva complicada: incrementar el precio o reducir la disponibilidad de tabaco por la vía tributaria o regulatoria lleva a un menor consumo, pero genera condiciones para el crecimiento del mercado negro y la actividad criminal. Y al revés, una menor carga tributaria reduce el tamaño del mercado ilícito, pero al costo de un mayor consumo
Si se aumenta la carga tributaria o regulatoria, ¿qué porcentaje del mercado se va a la ilegalidad? Esa es una pregunta que está a debate entre los especialistas y probablemente no tengan respuestas universales. Los países con mayores capacidades institucionales pueden aguantar impuestos más elevados y regulaciones más estrictas sin que se salga de control el mercado ilícito. Para países como México, donde existen amplias redes de crimen organizado, el dilema es mucho más agudo.
Todo esto viene a cuento por las tentaciones prohibicionistas que se han presentado en el tema de la comida chatarra y los refrescos. Hasta ahora, se han establecido medidas que no muerden mayormente (salvo el impuesto especial correspondiente) y difícilmente van a modificar el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, la prohibición a la venta a menores de edad es básicamente inútil: en buena medida, estos ya compran en canales informales (puestos callejeros o misceláneas) o el intercambio es realizado por los progenitores. Pero de allí pueden derivarse eventualmente medidas más eficaces para aumentar el precio y reducir la disponibilidad de esos productos. Y allí si podríamos empezar a enfrentar el dilema del tabaco.
¿Y cuál es la respuesta entonces? No lo sé, pero sí me queda claro que no es sencilla.
