Nuestros problemas de inseguridad y violencia tienen muchas causas, pero una es ineludible: gastamos muy poco para resolverlos.
Considerando todos los eslabones de la cadena, desde policías hasta prisiones, pasando por el ministerio público y los tribunales, México dedica aproximadamente 0.8% del PIB en tareas de seguridad y justicia. Si se suma el sector defensa, se llega a 1.5%.
Esa suma equivale a la mitad de lo erogado en promedio por países de la OCDE. Incluso con referentes regionales, la comparación no es alentadora: México eroga tres veces menos que Colombia y 1.5 veces menos que Brasil.
Esta subinversión crónica tiene efectos visibles. Se nota en la acumulación de expedientes sin procesar en las fiscalías, en el rezago de los tribunales, en la degradación de las prisiones.
Pero dónde más se nota es en las policías. Tenemos en las calles aproximadamente la mitad de los policías que requeriría el país. Y los que hay son maltratados consuetudinariamente. Nueve de cada diez policías en México reciben una remuneración mensual neta inferior a 15,000 pesos. Muy pocos cuentan con un paquete de prestaciones sociales a la medida del riesgo que corren.
Y, para añadirle la cachetada al escupitajo, los policías tienen que poner de su bolsillo para realizar su trabajo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial (Enecap 2017), 86% de los elementos de policía con funciones operativas obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección.
Eso es un desastre por donde se vea.
Pero lo peor es que el país no está corrigiendo el problema. En un artículo publicado en La Voz de Michoacán, Bernardo León Olea, exsecretario de seguridad pública municipal en Morelia y un incansable promotor de la reforma policial, señala que las policías municipales han perdido en años recientes dos fuentes indispensables de financiamiento (https://bit.ly/3zZEC3W).
Por una parte, se eliminó en 2021 el Fortaseg (antes conocido como Subsemun), un programa de subsidio federal dirigido a 300 municipios urbanos que, como señala León Olea, “que les permitía pagar el reclutamiento de policías (exámenes de control y confianza, academia, becas, etc.) equipamiento (radios, armamento, uniformes, patrullas, grúas, comisarías, etc.), capacitación y esto permitía que los ayuntamientos se comprometieran a otorgar beneficios adicionales a los salarios policiales entre otras cosas.”
Por otra parte, desapareció el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), el cual financiaba acciones de prevención social del delito y que, en el margen, permitía ampliar los presupuestos municipales en materia de seguridad.
Ambos programas tenían problemas notables, empezando con fenómenos de corrupción, pasando por incentivos perversos creados por las reglas de distribución de recursos y culminando de métricas adecuadas para evaluar el avance de los programas.
Pero a pesar de lo anterior, la inversión en las policías municipales había empezado a rendir frutos. Medida por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), la confianza en las policías municipales aumentó de 33 a 53% entre 2011 y 2020. La percepción de eficacia de esas corporaciones pasó de 37 a 46% en el mismo periodo.
Esos avances ahora están en riesgo por los recortes presupuestales.
Para evitar un retroceso, un grupo de ciudadanos y activistas está promoviendo una petición para regresar al menos 7 mil millones de pesos de subsidio a las policías municipales. Es una causa más que justa: este país tiene que gastar más en sus policías, sobre todo en las municipales, las que están en la primera línea de defensa de los ciudadanos.
Invito a mis lectores a firmar la petición: https://bit.ly/3hbMUyh