Esta semana se dieron a conocer las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes al mes de enero de 2022.
Y, por primera vez en un buen rato, hay noticias indudablemente positivas. El número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio disminuyó 14% en comparación con el mismo mes de 2021. En términos absolutos, eso significa 408 víctimas menos que hace un año. Fue además el enero menos sangriento desde 2017. Eso debe celebrarse por donde se le vea.
Además, la caída fue bastante generalizada a lo largo del territorio. A tasa anual, se registró una caída en el número de víctimas en 24 de 32 entidades federativas. En algunos casos, la disminución fue notable. Por ejemplo, el cambio porcentual en la Ciudad de México fue de -37.2%. En Jalisco, fue de -29.6%. En Chihuahua, -27%. En Guanajuato, -26.6%.
Las excepciones más notables a esa tendencia general fueron el Estado de México, Michoacán y Sonora, donde el número de víctimas aumentó a tasa anual 26%, 15.6% y 8.2%, respectivamente.
¿Esto significa que ahora sí llegamos a un punto de quiebre y que veremos de aquí en adelante una disminución sostenida en la incidencia de violencia letal? Ojalá así sea, pero tengo algunas dudas al respecto:
1. Más que el resultado de una disminución gradual en el número de homicidios, las cifras de enero muestran una caída abrupta en el mes. En comparación con el promedio de los tres meses previos, la reducción en enero es de casi 7%. Una parte de eso puede deberse a factores estacionales (tiende a haber menos homicidios en enero que en diciembre), pero eso no puede explicar por sí mismo un descenso tan brusco de un mes a otro.
2. A nivel regional, este efecto es más notorio. En Quintana Roo, por ejemplo, el cambio porcentual en el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio en enero fue -32.4% con respecto al promedio de los tres meses previos. En Chihuahua, la reducción fue de -20.8%. En Jalisco, -10.4%.
3. Valgan unos ejercicios numéricos para entender la magnitud del cambio: si Chihuahua mantuviese el ritmo de caída de enero, alcanzaría la tasa de homicidio de Yucatán (el estado menos violento del país) en un año. A nivel nacional, si continuara la tasa de disminución registrada en enero, regresaríamos a la tasa de homicidio de 2007 (el punto más bajo de toda nuestra historia) en 15 meses.
4. ¿Qué pasó en el país en su conjunto o en algunos estados en lo individual para explicar una caída tan abrupta en un mes? ¿Hubo algún cambio notable en las políticas públicas, algún vuelco estratégico, algún rediseño institucional significativo? No se me ocurre ninguno. Tampoco tengo en el radar alguna transformación radical en las condiciones de los mercados ilícitas o una modificación significativa en el entorno internacional.
5. Más bien, tengo la sospecha (que no la certeza) de que estos resultados podrían ser un efecto indirecto de la cuarta ola de la pandemia. Se ha documentado un impacto de la pandemia de Covid-19 en varias categorías de delito patrimonial, pero no en los homicidios. Esta vez pudo haber sido distinto: la marejada que trajo la variante ómicron enfermó a muchas más personas que otras olas. Con menor virulencia, sin duda, pero sacó de circulación a una parte importante de la población en enero y febrero. Eso pudo haber tenido un impacto temporal en el número de homicidios.
Todo esto no es más que especulación. Conforme se acumulen más datos, se podrán hacer juicios más precisos. Por ahora, hay que celebrar que haya habido bastante menos homicidios que el año pasado. Por la razón que sea.