Desde hace 15 años, una parte importante de la discusión sobre las policías se ha centrado en la ubicación del mando, ya sea en los estados o en los municipios.
En 2010, hubo un primer intento de reformar la Constitución para concentrar la función policial en los estados. En 2014, hubo un segundo esfuerzo por aprobar el llamado mando único. Ambos proyectos fracasaron por razones similares. Los gobiernos de municipios medianos a grandes, sin importar su color partidista, se resistieron a ceder sus corporaciones policiales a los estados.
En paralelo a esos esfuerzos de reforma constitucional, se ha buscado establecer el mando único por la vía de convenios. De hecho, aproximadamente 75% de la población del país habita en una entidad federativa donde existe alguna fórmula de mando único o coordinado.
Sin embargo, la expansión del mando único no ha detonado procesos amplios de reforma. Salvo excepciones, no ha habido una homologación de estándares, equipamiento, protocolos, remuneraciones y capacidades entre corporaciones. Además, esos mecanismos deben renegociarse cada tres años, cuando hay cambio de administración municipal, lo cual anula una de las supuestas ventajas del mando único: reducir la presión del crimen organizado sobre los gobiernos municipales.
Esa lleva a una conclusión: lo importante no es la ubicación del mando, sino la calidad de las policías. En términos esquemáticos, hay dos rutas para mejorar la calidad de las policías: a) tratar de forzar a los gobiernos estatales y municipales a emprender un esfuerzo de reforma, o b) hacer una reforma a escala nacional. Desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, se ha intentado infructuosamente lo primero.
No hay, ni en la ley ni en la Constitución, instrumentos suficientemente potentes para forzar una reforma. Hay esfuerzos de transformación notables (Ciudad Nezahualcóyotl, Morelia, Escobedo, etc.), pero siguen siendo poco frecuentes y dependen de una inusual conjunción de condiciones políticas, además de ser vulnerables ante cambios de gobierno.
Es tal vez hora de intentar la segunda ruta: iniciar un proceso nacional de reforma.
¿Qué significaría en la práctica? Separar la gestión administrativa de las policías del mando operativo. Varios procesos administrativos de las policías pasarían a ser responsabilidad de un servicio nacional de policía. Por ejemplo, el reclutamiento de los policías, en vez de dejarse a estados y municipios, podría hacerse a nivel central. Lo mismo para la formación: se podría establecer una academia nacional que forme a todos los policías del país. Incluso, se podría centralizar la nómina policial, como se intentó hacer con la nómina magisterial.
Esto no es enteramente equivalente a una policía nacional, ya que los gobernadores y los presidentes municipales seguirían teniendo el mando operativo sobre los policías desplegados en sus jurisdicciones.
Existen precedentes internacionales de un sistema de esa naturaleza. En Japón, por ejemplo, la gestión de la policía está en manos de una institución técnica y apolítica denominada Agencia Nacional de Policía, pero el mando operativo se ejerce a nivel local (en una unidad administrativa denominada prefectura). En el Reino Unido, hay policías locales, pero con procesos administrativos centralizados.
¿Qué ventajas tendría un sistema de este tipo? Establecería condiciones homogéneas para todos los policías del país, sin quitar control operativo y capacidad de experimentación en el espacio local. Además, se podría construir sobre el marco institucional vigente, sin requerir cambios constitucionales excesivamente complejos.
Lo dejo a manera de propuesta.
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